"La antigua norma dictada en 1996 provocó universidades que lo único que les interesa es recibir más dinero y no les importa la calidad educativa", sostiene parlamentario peruano.

Lima. "Los problemas de la universidad peruana surgieron con el Decreto Legislativo 882, dictado durante el régimen de Alberto Fujimori, que permitió el lucro en la educación, pero la nueva Ley Universitaria lo derogará", sostuvo este domingo el congresista Daniel Mora.

"La norma dictada en 1996 provocó estas universidades que lo único que les interesa es recibir más dinero y no les importa la calidad educativa", expresó. Explicó que los centros de estudio privados, además, pagan sueldos ínfimos a sus profesores.

"Buscan lucrar y todavía piden liberación de pago de impuesto a la renta, de IGV, de pago de impuestos a las importaciones y tributos municipales. Sólo buscan el lucro y ese ha sido el gran daño que ha sufrido la universidad", subrayó el parlamentario.

Sostuvo, además, que las universidades asociativas privadas sin fines de lucro prácticamente no pagan ningún impuesto, ni renta, importaciones e incluso algunos tributos municipales. Mientras que las societarias con fines del lucro generan utilidades, como el grupo estadounidense Laurate, que utilizan para mejorar sus otros negocios transnacionales. 

"Estamos subsidiando negocios a través de la educación", anotó el parlamentario Mora.

Respecto a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que sostiene que la nueva ley viola cincuenta artículos de la Constitución, el congresista precisó que la comisión solicitó al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, César Landa, un estudio para conocer la constitucionalidad de la norma.

"Sus conclusiones son contundentes. La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria no atenta contra la autonomía, es totalmente constitucional. Y la ANR lo sabe porque le hemos hecho llegar ese dictamen", precisó.

Informó  también que la oposición, encabezada por el congresista José Luis Elías, dueño de la Universidad San Juan Bautista, y la ANR contrataron al constitucionalista Aníbal Quiroga, "quien declaró que no está en contra de la superintendencia, sino que no concuerda con que esté adscrita al Ministerio de Educación. Ese fue su único reparo", acotó Mora.