Integrantes se comprometieron a iniciar nuevas consultas con "todos los estados miembros" para avanzar en "propuestas concretas" a una situación que calificaron como "difícil".
EE.UU. Una veintena de países miembros de la OEA aprobaron el martes apoyar el diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas a la aguda crisis política y económica que atraviesa Venezuela, en un encuentro que aumentó la presión regional sobre el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.
En la declaración conjunta que se leyó al término de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se debatió la situación de Venezuela, el grupo de países se comprometió a iniciar nuevas consultas con "todos los estados miembros" para avanzar en "propuestas concretas" a una situación que calificaron como "difícil".
La iniciativa, que no respaldaron gobiernos como el de Venezuela y Nicaragua, surgió luego de que el secretario general de la OEA exigió elecciones y la liberación de presos políticos para evitar la suspensión de Caracas del organismo.
Pero en el debate del martes, la mayoría de los países -incluidos Estados Unidos y Canadá- se mostraron a favor de agotar todos los esfuerzos diplomáticos antes de acatar la propuesta del ex canciller uruguayo.
La representación venezolana insistió enérgicamente en que no se realizara el debate y al término de la reunión denunció el acto como "intervencionista".
"Creemos que lo que aquí se ha consumado es una flagrante violación de los principios de esta organización", dijo el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, quien fue criticado por los términos que usó en sus intervenciones.
"Venezuela necesita tanto un grupo de la OEA como México necesita un muro", agregó Moncada en la reunión, provocando el reclamo del representante de México.
En un discurso transmitido en televisión minutos más tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de ser "la punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela" en la organización regional.
Maduro también llamó a evaluar una eventual salida del organismo, como respuesta a la preocupación del grupo de países.
"Yo abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la OEA y la permanencia de los Estados, entre ellos Venezuela", dijo desde el palacio presidencial.
Entre tanto, la iniciativa que hace una semana iniciaron 14 naciones para defender la democracia en Venezuela y exhortar a la liberación de presos políticos, entre otras peticiones, ahora cuenta con el apoyo de 20 países miembros de la OEA.
Para que el Gobierno quede suspendido de la organización, dos tercios de las 34 naciones que la integran deben votar a favor de la medida, que no sólo acarrearía un aislamiento político, sino que podría devenir en un cese del financiamiento multilateral.
"La sesión probablemente no cambiará nada, aunque ayudará a aumentar la presión regional contra Maduro y evitará un giro total hacia el autoritarismo absoluto", dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo Intelligence.
La oposición venezolana y diversas organizaciones han denunciado que el Gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura que apresa a sus críticos y que se ha negado a realizar elecciones.
Sin embargo, no ha sido sino hasta las últimas semanas cuando los países de América han endurecido su posición contra la administración del sucesor del fallecido Hugo Chávez.
"Nos subestiman". En tanto, en las calles de Caracas miles de personas se congregaron en una "marcha antiimperialista" en apoyo al Gobierno y en contra de la OEA.
La movilización fue comandada por el vicepresidente Tareck El Aissami, quien acusó a Almagro de "sicario" y "bastardo miserable".
"Este pueblo más nunca se arrodillará al imperio de mierda (...) no nos conocen, nos subestiman", dijo El Aissami, repitiendo la consigna del Gobierno, que sostiene que la OEA se ha convertido en un brazo político de Washington y Almagro en su títere.
Durante la sesión, celebrada en Washington, varios países denunciaron que el Gobierno socialista ha secuestrado las funciones de la justicia y cercenado las actuaciones del Parlamento dominado por los adversarios de Maduro.
El árbitro electoral suspendió en octubre del 2016 la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Y esta semana, el máximo órgano judicial publicó una sentencia en la que "limitó" la inmunidad parlamentaria, abriendo la posibilidad de llevar a juicio o encerrar a los diputados.
La oposición sostiene que Maduro es el principal responsable de la crisis en su país -que sufre la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez-, pero el mandatario asegura que los culpables son los bajos precios del crudo y sus opositores, que libran una "guerra económica" contra Venezuela.