Organismo destaca que los objetivos en la lucha mundial contra las drogas no se están cumpliendo y sugirió por primera vez la "despenalización" del consumo de estupefacientes, en un documento elaborado para una reunión clave que se celebrará la próxima semana en Viena.

Nueva York. "La despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de `descongestionar` las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación", sostiene un informe de 22 páginas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La despenalización del consumo personal, que se aplica en algunos países europeos, en otros como Canadá o Australia, así como en naciones latinoamericanas como Brasil o Chile, supone que el uso de drogas no sea un delito, sino que se sanciona con alternativas, como multas o terapias, al encarcelamiento.

En Uruguay fue legalizada la compraventa y el cultivo de marihuana y se estableció la creación de un ente estatal regulador de la droga.

En cualquier caso, la despenalización no supone una legalización ni liberar el acceso a la droga, que según los tratados solo puede usarse con fines médicos y científicos pero no recreativos.

Por tanto, el consumo seguiría siendo sancionable (con multas o terapias obligatorias) pero deja de ser un delito penal.
La ONUDD considera que se debe de considerar a los consumidores de estupefacientes como "pacientes en tratamiento" y no como "delincuentes".

El próximo jueves y viernes en Viena, la comunidad internacional evaluará en la Comisión de Estupefacientes de la ONU la situación del problema de las drogas y si se cumplen los objetivos pactados en 2009 en una hoja de ruta para una década que terminará en 2019.

La ONUDD reconoce las dificultades que enfrentan para tener precisión sobre las tendencias globales de las drogas debido a la carencia de datos fidedignos sobre el narcotráfico, el dinero negro de los estupefacientes y la fabricación de sustancias sintéticas, entre otros aspectos.

También indica que "el tráfico de drogas desencadenó una oleada de violencia" en América Latina y que en "algunos países de Centroamérica se registraron los índices de homicidio más elevados del mundo, a menudo con cifras de muertos superiores a las de algunos países afectados por conflictos armados".

El documento, citado por la agencia de noticias Efe, incide en que la normativa internacional sobre drogas es tan flexible como para aplicar otras políticas, más centradas en la salud pública y menos en la represión.

Además, destaca la importancia de la prevención y el tratamiento, y subraya que los derechos humanos se deben de respetar siempre a la hora de combatir las drogas y critica la aplicación de la pena de muerte por delitos de tráfico o consumo de estupefacientes.