El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sostuvo en el primer semestre del 2011 se registró la muerte violenta de 3.602 personas, lo que significa un promedio de 600 víctimas mensuales o una cada 72 minutos. Ello implicó un empeoramiento en las condiciones de seguridad respecto a lo registrado en 2010.

 Un promedio de 600 víctimas se registran cada mes a causa de la ola de violencia que azota a Honduras, lo que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) "desnudan" la política de seguridad impuesta por el actual gobierno.

El titular del organismo humanitario, Ramón Custodio, reveló que en los primeros once meses del 2010 (febrero-diciembre), al menos, 5.850 personas perdieron la vida en forma violenta, es decir, alrededor de 18 víctimas diarias. Prosiguió que lejos de mejorar, en el primer semestre del 2011 empeoró la situación al registrarse la muerte violenta de 3.602 personas, lo que significa un promedio de 600 víctimas mensuales o una cada 72 minutos.

Lamentó que "en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego, con un problema que crece cada día". No nos estamos comportando a la altura del siglo XXI, dijo, se sigue intentando frenar un problema con "medicinas" que ya fueron probadas y que son un fracaso.

Ascenso de la violencia. De acuerdo con el Conadeh, desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con resultados nada halagadores en materia de seguridad, ya que se han registrado 25.859 muertes violentas de personas, más del 80% víctimas de las armas de fuego.

Explicó que en el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya el saldo fue de 13.320 muertes violentas, mientras que en los siete meses del gobierno de Roberto Micheletti se registraron 2.468.

Mientras tanto, en 17 meses presididos por Porfirio Lobo, la cifra ronda alrededor de las 9.500 víctimas. Custodio recomendó al gobierno del presidente Lobo definir como una prioridad nacional el derecho a la seguridad pública, plasmándola en una política de Estado coherente y participativa.