José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, alertó que las fuerzas de seguridad de Venezuela estarían cometiendo "atrocidades" contra residentes colombianos, derivando en ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y procesamiento de civiles en tribunales militares.

El ministro de la Defensa de Venezuela reportó el lunes nuevos enfrentamientos con "grupos irregulares armados colombianos" en una zona de la frontera, en hechos que según dijo causaron la muerte de militares y presuntos insurgentes.

El ministro Vladimir Padrino, sin embargo, no dio una cifra de uniformados venezolanos fallecidos ni heridos, tampoco de los miembros de grupos irregulares que fueron abatidos, y sólo agregó que "fueron capturados varios sujetos".

Durante los enfrentamientos en "sectores despoblados" cercanos a La Victoria, en el municipio Páez, del estado Apure, en frontera con Colombia, "hemos infligido un importante número de bajas a los precitados grupos (...) de igual modo fueron capturados varios sujetos", dijo Padrino en un comunicado.

"Lamentablemente también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la necropsia correspondiente; así mismo, otros resultaron heridos", agregó.

Fue el primer pronunciamiento oficial tras los reportes el fin de semana por parte de grupos de activistas de que se produjeron emboscadas en Apure, con militares muertos y heridos.

Venezuela ha informado desde mediados de marzo combates con grupos irregulares que vincula al paramilitarismo, sin mencionar a disidentes del acuerdo de paz que firmó el Gobierno de Bogotá con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen presencia en la zona, según grupos de derechos humanos.

Las autoridades han dicho que en esos choques han muerto ocho efectivos de sus fuerzas de seguridad y nueve integrantes de grupos armados ilegales. Colombia y las ONG de Venezuela aseguran que al menos 5.000 personas huyeron de enfrentamientos en marzo desde La Victoria hacia Arauquita, en territorio colombiano.

La agrupación activista Human Rights Watch dijo el lunes en un comunicado que el operativo militar venezolano en Apure "derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados" ilegales.

"Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato una solicitud de comentario sobre las denuncias de HRW.