Unidad Nacional lo acusa de tráfico de influencias. En tanto, el fiscal general del Estado dice que se requeriría caso de corte.

La opositora Unidad Nacional (UN) formalizó ayer lunes una denuncia en contra del vicepresidente Álvaro García ante la Fiscalía en Cochabamba por el delito de “uso indebido de influencias” que habría ejercido la autoridad en la firma del contrato para provisión de alimentos por parte de Air Catering a la estatal Boliviana de Aviación (BoA).

“Hemos mostrado al país que hay presuntos actos de tráfico de influencias en la familia del Vicepresidente. Él lo ha aceptado y estamos presentando la denuncia”, dijo Arturo Murillo, ex diputado de UN.

El lunes 24, el asambleísta denunció que una de las socias de Air Catering es Silvana Carolina del Castillo, esposa de Mauricio García Linera, hermano del Vicepresidente. La denuncia también da cuenta que la adjudicación fue efectuada por “invitación directa” y no en un proceso de licitación. Álvaro García, un día después, pidió a BoA la rescisión del contrato en cuestión.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, evitó declarar ayer. No obstante, el domingo dijo que UN tiene derecho a investigar la firma del acuerdo. “Esta acción busca vanamente afectar la imagen del vicepresidente Álvaro García Linera, con un hecho sobre el cual el propio Vicepresidente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad”, manifestó.

Al referirse al tema, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, indicó que la instancia a su cargo admitirá todas las denuncias que cumplan el procedimiento estipulado por ley. Empero, aclaró que “los dignatarios de Estado, como el Presidente y Vicepresidente, gozan de caso de corte, de un juicio de privilegio en el Legislativo”, dijo.

El artículo 16 de la Ley 044 de juicio de responsabilidades establece que para enjuiciar al Presidente o al Vicepresidente, la Asamblea Legislativa debe autorizar el proceso por dos tercios del total de los miembros presentes.