Hasta este momento hay 97 personas detenidas; se han obtenido en total 221 órdenes de aprehensión; se han realizado 16 cateos y recabado 385 declaraciones ministeriales además de someter a análisis forenses 93 celulares y se han emitido 444 dictámenes de distintas especialidades.

Luego de la reunión que sostuvieron ayer martes los padres de familia de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos con autoridades federales, donde participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador, Jesús Murillo Karam, el jefe general de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el Comisionado General de la Policía Federal, el Maestro Enrique Galindo Cevallos; y el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, a tres meses y medio después del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la orden de un juez para aprehender al ex edil de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro de los normalistas.

El jefe general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón, ofreció un balance del caso y preció que “Se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velásquez por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas. Esto también como parte de una nueva consignación”.

Hasta este momento hay 97 personas detenidas y se han obtenido en total 221 órdenes de aprehensión. El funcionario precisó que se han realizado 16 cateos y recabado 385 declaraciones ministeriales además de someter a análisis forenses 93 celulares y se han emitido 444 dictámenes de distintas especialidades.

Las indagatorias de PGR ubican a José Luis Abarca como uno de los principales autores intelectuales del plagio de los normalistas y es que a pesar de que el ex alcalde de Iguala fue detenido en noviembre pasado; hasta ayer estaba encarcelado por otros casos distintos al de Ayotzinapa.

También se precisó que se obtuvo una segunda orden de arresto contra María de los Ángeles Pineda Villa por el delito de delincuencia organizada.

En este sentido, la diferencia es que es que la segunda orden corresponde a su colaboración con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, y la primera por su nexo el cártel de los Beltrán Leyva.

En conferencia de prensa Zerón también destacó las primeras cinco órdenes de aprehensión en contra de policías de Iguala por el delito de desaparición forzada relacionado con los homicidios de 30 personas halladas en fosas de ese municipio, un caso aparentemente distinto al de los normalistas.

Además, por el caso Ayotzinapa han declarado 36 militares aunque hasta este momento no se ha señalado complicidad alguna de los elementos castrenses.

Al respecto, Zerón señaló: “De ninguna declaración que se ha obtenido en la PGR se desprende que elementos del Ejército o de algún cuerpo de seguridad del gobierno federal haya obtenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes”, dijo el funcionario.

Abren cuarteles militares al público. La PGR informó incluso que los cuarteles militares están abiertos a todo el público, aunque el ingreso debe ser con respeto y apego a las normas. Ello luego del enfrentamiento que se gestó entre algunos familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes con elementos del 27 Batallón Militar en Iguala, Guerrero.

Los padres de los 42 normalistas desaparecidos, quienes retomaron este martes el diálogo con el gabinete de seguridad federal, pidieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que permita la apertura de los cuarteles militares, y se deslindaron de haber iniciado la gresca el pasado lunes.

La comisión de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reveló que existen declaraciones de estudiantes, policías municipales y miembros de “Guerreros Unidos” que implican al Ejército mexicano en el plagio de los normalistas. Sin embargo, PGR no tiene en curso esa línea de investigación.

Al término de la reunión Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, dijo que en el expediente del caso “hay más de 10 testimonios de estudiantes e incluso declaraciones de policías municipales y personas de "Guerreros Unidos", que implican al Ejército y que tenían conocimiento previo y colaboración del Ejército con este grupo criminal”.

Zerón recordó que la búsqueda que se realizó por parte del gobierno Federal, en compañía de los padres durante casi cuatro meses para dar con el paradero de los estudiantes, “no se suspendió ni un momento, ni siquiera en la pasada temporada vacacional, habiendo realizado recorridos, inclusive los días 24 y 31 de diciembre acompañados las fuerzas federales de los padres de los normalistas”.

Dijo que se les explicaron los resultados científicos que “indican la posibilidad de haber incinerado los cadáveres, tal y como lo señalan las declaraciones de los propios detenidos (…) se les invitó a revisar los dictámenes que obran en el expediente al cual tienen acceso sus asesores y sus representantes, mismos que han sido acreditados como coadyuvantes dentro de la investigación”.