Uno de los cambios que causaron polémica es que la JEP no puede revisar pruebas, ni pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de extradición y el congelamiento de los casos de militares, hasta que se cree una sala exclusiva para juzgar a los uniformados.

Bogotá. El abogado de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, Enrique Santiago, criticó las modificaciones a las normas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) propuestas por el partido Centro Democrático y aprobadas el miércoles en el Senado.

Con la aprobación en el Senado cambia de manera sustancial el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaló Santiago.

La JEP es un mecanismo jurídico especial creado en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, con la finalidad de juzgar a los actores del conflicto armado que hayan cometido delitos relacionados con el mismo antes de diciembre de 2016.

Uno de los cambios que causaron polémica es que la JEP no puede revisar pruebas, ni pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de extradición y el congelamiento de los casos de militares, hasta que se cree una sala exclusiva para juzgar a los uniformados.

"El panorama es bastante desolador, ya la ley venía variándose, pero lo que ha acabado de ocurrir es un sistema irreconocible con grandes diferencias por las normas que lo hacen prácticamente inoperante", declaró el defensor de los miembros de las FARC en entrevista con Caracol Radio.  

Para Santiago, las modificaciones impulsadas por el partido liderado por el senador y ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, permitirán que se replique una situación de impunidad como la que se derivó de la Ley de Justicia y Paz en 2005, que permitió la desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares).

"Se vuelven a repetir estos mismos errores como el que ocurrió con la ley 975 que ,como ya saben, pues en 13 años sólo ha emitido 40 sentencias sobre un total de 30.000 desmovilizados y se vuelven a repetir todos estos desastres siempre con el argumento de supuestamente combatir la impunidad", señaló.

En cuanto a la modificación a la norma de quitarle a la JEP la facultad de verificar las pruebas en temas de extradición a Estados Unidos de los actores del conflicto armado, el abogado señaló que es un artículo que pretende "ponerle puertas al campo", y que contradice lo que se pactó entre las partes en el acuerdo final de paz para obtener la verdad, justicia, reparación y no repetición de actos en el marco de la guerra.

"Me parece una técnica totalmente lamentable y espero que no pase la prueba de constitucionalidad, porque contradice totalmente lo que ya se había establecido en norma constitucional, contradice además la inclusión que se hizo en el acuerdo sobre el tratamiento diferenciado de la extradición", aseguró.  

Santiago consideró absurdo introducir en el acuerdo de paz un tratamiento diferenciado de la extradición que afecta a miembros de las FARC, y pretender explicarle al mundo que este tratamiento diferenciado no incluye la posibilidad de hacer una evaluación de las conductas.

"Entonces, para qué se introdujo. ¿Qué es lo que diferencia a este sistema de lo que ya había en el sistema ordinario? (...) Carece de lógica aristotélica, pero vamos, también carece de técnica jurídica porque obviamente una ley de rango inferior no puede dejar sin efecto una norma constitucional", explicó.

"El artículo 19 claramente dice que la JEP evaluará la conducta y para evaluar la conducta se requiere la práctica de diligencias, del conocimiento de documentos, de la observación de los materiales que se han adjuntado a la solicitud de extradición", agregó.

Por su parte, la abogada Patricia Linares, presidenta de la JEP, dijo que el Congreso cumplió con su función y terminó finalmente con la aprobación de ley de procedimiento de la jurisdicción que tanto se esperaba.

"Contar con una ley es positivo y nos permite seguir con la implementación de este proceso que no ha sido fácil", señaló la abogada, al añadir que las modificaciones de fondo que se hicieron el miércoles en el Senado corresponden al ámbito constitucional y no legal, y que la última palabra sobre las mismas la tendrá la Corte Constitucional.

Lo mismo opinó el presidente Santos el miércoles, cuando se conoció el resultado de la votación.