Reforma legal efectuada en agosto de 2014 generó que variaran las penas por narcotráfico en el país latinoamericano, por tanto hace falta revisar las penas de los condenados, porque muchos ya han cumplido la que les corresponde.

Madrid. El Consejo General de Abogados de España instó este viernes a las autoridades de Ecuador a agilizar la liberación de decenas de españoles condenados por narcotráfico en ese país y que ya habrían cumplido su pena, después de que el gobierno ecuatoriano rebajó el castigo por traficar con pequeñas cantidades de droga.

Con esta reforma legal efectuada en agosto de 2014, las penas por narcotráfico en el país latinoamericano varían en función de la cantidad de droga, por tanto hace falta revisar las penas de los condenados, porque muchos ya han cumplido la que les corresponde según el nuevo baremo, señaló la asociación española de abogados en un comunicado.

La institución profesional española sostiene que el nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano es, en materia de revisión de condenas por tráfico menor de estupefacientes, una reforma con una "visión moderna y progresista del derecho penal", en línea con el principio de proporcionalidad.

Sin embargo, critica que "los retrasos de las autoridades ecuatorianas están impidiendo la revisión de las condenas y la consiguiente puesta en libertad de los presos españoles", lo que puede afectar a quienes tienen "graves problemas de salud".

En esta línea, el Consejo de Abogados de España lamentó que el procedimiento de revisión de penas "aún no se haya establecido" pese a sus contactos "desde hace meses" con instituciones como el Consejo de la Judicatura de Ecuador, al que entregó una propuesta para revisar las condenas de los presos en cárceles españolas que no se ha aplicado.

Además, el Consulado español en Quito advirtió de que existen españoles encarcelados en Ecuador que podrían llegar a beneficiarse de la reducción de penas y a cuyos familiares se les pide dinero "para realizar gestiones legales de resultado incierto", lo que constituye un "supuesto intento de fraude" según la organización de abogados españoles.