Netzai Sandoval, un abogado de derechos humanos, presentó este viernes una querella ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya , la cual fue firmada por 23.000 ciudadanos mexicanos.
La Haya/México DF. Activistas mexicanos quieren que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Felipe Calderón, a altos funcionarios y al traficante de drogas más buscado, a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar a civiles.
Netzai Sandoval, un abogado mexicano de derechos humanos, presentó una querella ante la CPI en La Haya este viernes, solicitando una investigación en las muertes de cientos de civiles a manos de los militares y de narcotraficantes en México, donde más de 45.000 personas han muerto en actos de violencia vinculados a las drogas desde fines del 2006.
"Queremos que el fiscal nos diga si se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en México y si el presidente y otros altos funcionarios son responsables", afirmó Sandoval.
La querella, firmada por 23.000 ciudadanos mexicanos, menciona al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, por quien se ofrece una recompensa de US$5 millones, así como también al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a secretarios de la Defensa la Marina.
Los abogados pidieron a la CPI, la primera corte mundial permanente para investigar crímenes de guerra, que abra una investigación formal de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en México.
Una decisión de los fiscales de la CPI respecto a si lanzan o no una investigación podría tomar meses o incluso años, afirman expertos legales.
La CPI ha investigado crímenes incluyendo genocidio, asesinato, conscripción de niños soldados y violación, principalmente en Africa.
El gobierno mexicano ha negado las acusaciones y dijo que la política de seguridad no puede constituir un crimen internacional.
"En nuestro país, la sociedad no es la víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas", afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en octubre, cuando la solicitud fue hecha pública.
