Los negociadores del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC lograron el sábado en Cuba el más reciente acuerdo en medio de las conversaciones de casi tres años para poner fin al conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
Bogotá. El acuerdo humanitario entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para buscar y ubicar a más de 45.000 desaparecidos en medio del violento conflicto armado es un paso transcendental que acerca a las partes a la finalización de la confrontación, dijo este lunes el jefe negociador gubernamental.
Los negociadores del presidente Juan Manuel Santos y de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron el sábado en Cuba el más reciente acuerdo en medio de las conversaciones de casi tres años para poner fin al conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
"Realmente es un paso transcendental en las conversaciones en La Habana", dijo en una conferencia de prensa el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
"La paz es posible y cada uno de estos acuerdos que se logran acortan el camino y nos acercan a la finalización del conflicto. Tenemos que superar esta confrontación de 50 años y abrir las posibilidades de aclimatación de una paz estable y duradera", explicó.
El acuerdo establece que las FARC entregarán información que permita la ubicación e identificación de personas que murieron en su poder para recuperar los cuerpos y entregarlos a sus familias, además de la creación de una unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas.
"Es un acuerdo muy significativo. Es muy positivo, una señal esperanzadora para las familias", dijo por su parte el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Christoph Harnisch.
El acuerdo del sábado se sumó a los alcanzados previamente sobre reformas para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico, el desminado, lograr la transformación de la guerrilla en un partido político y el de justicia, que establece penas de entre y cinco y ocho años para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
El gobierno y las FARC se comprometieron a firmar en menos de seis meses un acuerdo definitivo.
