A pesar de haber arrestado a varios capos y desarticulado grandes cárteles, la violencia no da tregua: desde 2006 ha dejado más de 235.000 muertos y el año pasado, el más sangriento, le costó al país un 21% de su PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Hilpancingo, México.- A principios de 2016, el obispo Salvador Rangel se internó en la peligrosa sierra del estado mexicano de Guerrero con una misión: salvarle la vida a un sacerdote de la zona que, por predicar contra el narcotráfico, se ganó la enemistad de un capo.

Guiado por hombres armados, el religioso de entonces 70 años subió las escarpadas montañas y convenció al poderoso narco de que le perdonara la vida a su colega diciéndole que, de no hacerlo, se enemistaría con el pueblo y atraería al Ejército.

Desde entonces, Rangel se ha reunido varias veces con ese y otros capos buscando pacificar Guerrero, que el año pasado registró un promedio de seis homicidios dolosos al día, la mayor tasa del país de acuerdo a cifras oficiales.

La cruzada del franciscano ha remecido los cimientos de la estrategia oficial de combatir la narcoviolencia con las armas y, en el camino, le han llovido abundantes críticas.

"Les he pedido que procuren no asesinar, no secuestrar, no extorsionar a las personas", dijo Rangel a Reuters en la sacristía de una iglesia de Chilpancingo, capital de Guerrero, en el suroeste del país. "Afortunadamente han respondido".

Desde que inició los diálogos con los narcos y líderes de la delincuencia organizada, Rangel dijo que pararon los asesinatos de religiosos al menos en su diócesis que, además de Chilpancingo, incluye a la cercana y también violenta ciudad de Chilapa. Pero los políticos siguieron cayendo.

Andrés Manuel López Obrador, el vencedor de las elecciones presidenciales del domingo, fue uno de los pocos personajes públicos que respaldó al obispo, a quien conoce en persona.

En las mismas montañas donde Rangel predica, López Obrador propuso una amnistía para quienes han sido obligados -por la fuerza o la pobreza- a sembrar o transportar drogas y para los bajos rangos dentro de las organizaciones criminales, después de años de un combate frontal que no logró controlar la violencia.

Esos cinco millones de personas, según estudios, se someterían a un proceso de justicia transicional similar al que se implementó en Colombia con la guerrilla de las FARC, en lo que sería la apuesta más riesgosa y compleja que podría tomar López Obrador en su mandato.

Amnistía: ni perdón ni olvido. Por casi 12 años, el Estado mexicano ha librado una guerra a sangre y fuego contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A pesar de haber arrestado a varios capos y desarticulado grandes cárteles, la violencia no da tregua: desde 2006 ha dejado más de 235.000 muertos y el año pasado, el más sangriento, le costó al país un 21% de su PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Conocido por ser un líder cercano al pueblo, López Obrador, de 64 años, lleva décadas recorriendo México y, en ese periplo, ha dado forma a su tesis para acabar con la violencia.

En diciembre, durante una gira de campaña en Quechultenango, un pequeño poblado en Guerrero, el político conocido por su acrónimo AMLO lanzó por primera vez su plan de amnistía.

Y la madrugada del lunes, tras obtener un abrumador triunfo en las elecciones presidenciales insistió en que cambiará "la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia (...) atenderemos las causas que las originan: combatiendo la desigualdad y la pobreza".

Olga Sánchez, una reconocida jurista propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, se ha colocado a la cabeza de un equipo que se encuentra afinando el proyecto de ley de amnistía.

"¿Andrés quiere perdonar a los criminales que secuestraron, que desaparecieron, que asesinaron, que torturaron? ¡Por supuesto que no! Los destinatarios serán campesinos, gente coaptada por el narcotráfico, en el trasiego de la droga, pero que no han cometido delitos", dijo a Reuters en su oficina atiborrada de libros jurídicos en Ciudad de México.

La propuesta, dijo Sánchez, supondrá la creación de comisiones de la verdad y tribunales especiales e incluye reparaciones civiles para las víctimas de delitos y sus familias y garantías de no repetición por parte de los amnistiados.

El equipo liderado por la exministra de la Suprema Corte de Justicia busca que la ley abarque entre diciembre de 2006 -cuando las fuerzas armadas salieron a las calles a combatir la violencia- hasta 2018 "porque se dispara el crimen, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico", explicó.

Sánchez se mostró abierta a la colaboración de organismos internacionales como la ONU y la Iglesia católica y apoya la despenalización de las drogas como una medida complementaria para lograr la pacificación del país.

AMLO ha confesado que la violencia es el problema más complejo que le tocará enfrentar tras ganar la presidencia el domingo en su tercer intento consecutivo.

Por ello, muchos analistas y personas de su entorno creen que el resultado de su amnistía podría determinar el éxito o fracaso de su gobierno.

Como López Obrador concibe a la violencia como un fenómeno intimamente relacionado con la pobreza, ello "limita la posibilidad de ofrecer resultados en el corto plazo: la pobreza o la desigualdad no son problemas que se corrijan rápidamente", opinó el analista Alejandro Hope.

De la misma opinión fueron los miembros del gabinete de seguridad de AMLO, quienes dijeron a Reuters que los seis años que dura el periodo presidencial les quedarían cortos.

"Entrando, rápidamente, se van a tomar decisiones muy fuertes", dijo Sánchez. "(Pero) seis años es muy poco. Creo que vamos a sentar las bases y (avanzaremos) lo que se pueda".

"¿Qué culpa tienen?". En la Edad Media, los pobladores de la ciudad italiana de Gubbio vivían aterrorizados por un feroz lobo que, cansado de comerse a los animales del pueblo, empezó a matar a la gente. Movido por su compasión, San Francisco de Asís se adentró en el bosque, habló con el lobo y lo convenció de dejar de matar.

"Como el lobo, por más malos que sean los podemos convencer y podemos tener paz", explicó Rangel quien, como fraile franciscano, ha convertido a la moraleja del relato "El lobo de Gubbio" en su leitmotiv y ha instruido a otros sacerdotes a seguir su ejemplo en el resto de Guerrero.

"Muchos de los narcotraficantes son gente de fe, muchos son católicos: ellos bautizan, se casan, tienen difuntos", dijo.

El religioso, quien llegó a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en agosto de 2015, también intervino para evitar los asesinatos de candidatos locales a las elecciones de julio, las más violentas en la historia del país, pero no tuvo el éxito esperado.

"Lo que estamos haciendo es una pequeña cosa, es un granito de arena. La violencia en México tiene sus orígenes en la falta de oportunidades de trabajo, la falta de infraestructura, no hay carreteras, escuelas, ni hospitales", se lamentó Rangel.

A pesar de que muchos lo respaldan en Guerrero, el obispo ha sido duramente criticado por el Gobierno del saliente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, le dijo semanas atrás que "el Gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley: las leyes se acatan y se cumplen".

En México, la pobreza abraza a casi la mitad de sus 126 millones de habitantes y el país, la segunda mayor economía de América Latina, es el más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En medio de esta realidad, a millones de mexicanos no les queda otra opción que rendirse al crimen para sobrevivir.

El narcotráfico y el crimen organizado emplean a unas 600.000 personas en el país, entre agricultores que siembran amapola y marihuana y unos 450.000 pistoleros. Y, según cálculos del Gobierno y diversos estudios privados, el crimen es el sustento de casi cinco millones de hombres, mujeres y niños.

Uno de ellos es Jesús, quien nació, creció y vive cerca de un campo de amapola en la sierra de Guerrero. De niño se dedicaba a rallar y recoger la goma de opio gracias a sus pequeñas manos, incapaces de estropear la delicada planta, base para la elaboración de la heroína que invade Estados Unidos.

Cuando cumplió 10 años fue el encargado de llevarle comida a los pistoleros. Más tarde fue promovido a "halcón", un vigilante responsable de dar aviso ante cualquier movimiento extraño. En unos años, el adolescente estará listo para convertirse en sicario, dijo su madre, quien cultiva amapola en Guerrero.

"Él nació en la montaña, no sabe hacer nada más, no tuvo oportunidades", se lamentó su mamá, quien habló bajo condición de anonimato. "La única forma (de cambiar su vida) es con la amnistía".

Hace poco, un tío de Jesús intentó huir con su familia pero no llegaron muy lejos y fueron masacrados por los narcos.

A personas como Jesús y su familia es a quienes apunta la ley de amnistía de López Obrador, dijeron miembros de su equipo.

"Siempre he estado de acuerdo en una amnistía limitada o restringida; esos niños que crecieron así, siendo amapoleritos, ¿qué culpa tienen? O gente que es la única oportunidad que tiene para sobrevivir o quienes son obligados a sembrar (...) una amnistía para ellos sería buena pero no bastaría. Hay que darles otra opción. ¿De qué van a vivir?", se preguntó Rangel.

Primeros escollos. El éxito del apoyo de Estados Unidos a Colombia para desmantelar los cárteles del narcotráfico a fines de la década de 1990 dejó a sus pares mexicanos como los amos y señores del millonario e ilegal negocio.

El innegable avance del narcotráfico en México -de donde proviene el 90 por ciento de la heroína que se consume en Estados Unidos- obligó al gobierno de George W. Bush a firmar en 2008 la Iniciativa Mérida, el programa de cooperación más importante de ese país, después del Plan Colombia.

El paquete de asistencia incluye millones de dólares en equipo y entrenamiento para las fuerzas de seguridad mexicanas que expertos creen podrían perderse si, como se ha dicho, el Gobierno de AMLO revisa su política de seguridad, íntimamente vinculada a la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos.

"Las ideas de AMLO son un insulto al trabajo que la DEA y el gobierno de México han hecho para pelear la guerra contra las drogas", dijo Leo Silva, un alto oficial de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) que trabajó en México hasta 2015. "¿Tantas vidas perdidas, tanto sacrificio para que él dé amnistía a los criminales?".

Mientras que López Obrador insiste en que será inflexible con el crimen y no indultará a los principales capos, sus críticos han advertido que su enfoque conciliatorio para luchar contra el narco podría empeorar los niveles de violencia del país y aumentar el flujo de heroína hacia Estados Unidos.

"Los cárteles mexicanos podrían actuar como algunas facciones de los grupos armados de Colombia, que han demostrado manejarse con independencia, se resisten a abandonar sus actividades y siguen ejerciendo violencia para mantener control territorial y proteger sus 'negocios'", opinó InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica.

Pero un oficial de la embajada de Estados Unidos en México, que habló bajo condición de anonimato, dijo que gane quien gane "confiamos en que nuestra excelente colaboración continuará".

La propuesta de amnistía podría enfrentar otro escollo en las urnas ya que el plan supone que, una vez listo, el proyecto de ley será sometido a referéndum y siete de cada 10 mexicanos están en contra, según una encuesta del diario El Financiero.

"Si dicen 'no queremos, no nos preocupan estos jóvenes' sería muy triste pero bueno (...) no va a prosperar", se lamentó Loretta Ortíz, abogada especialista en derechos humanos y miembro del gabinete de seguridad de López Obrador.

Si el proyecto de ley fuera aprobado en referéndum, deberá ser presentado para su escrutinio al Congreso, donde los aliados de AMLO podrían tener la mayoría en ambas cámaras, según resultados preliminares oficiales.

Durante la campaña presidencial, López Obrador repitió que sólo aplicará la amnistía si las víctimas lo permiten: "No vamos a hacer nada sin consultar a las víctimas", dijo.

Sin embargo, decenas de familiares de desaparecidos entrevistados por Reuters en Guerrero y otras zonas del país se mostraron en contra de la propuesta.

"Quiero ver a los culpables tras las rejas, no quiero que quede así, impune, olvidado, ¿quién va a hacer justicia a mi esposo, a mí, a mis niñas?", se preguntó Laura Flores, esposa de Daniel Velásquez, quien, junto con otras 15 personas fue desaparecido por un grupo criminal que sitió Chilapa en 2015.

Flores dijo que no está de acuerdo con la propuesta de amnistía y, como muchos en Guerrero, quiere que las fuerzas de seguridad sigan patrullando la zona hasta que se logre la paz.

"Me da más seguridad ver Chilapa llena de militares que de hombres armados que no sé a quiénes vayan a desaparecer", dijo.