Bajo el título: 'Matar al mensajero', la revista Semana, de Colombia, analiza la intención de los gobiernos de Chávez y Correa para que la Relatoría no publique un informe anual por separado ni de mayor extensión que el que hacen las demás relatorías de la CIDH.

La revista colombiana Semana advierte que una propuesta respaldada por los gobiernos de Venezuela y Ecuador busca debilitar a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos.

Bajo el título: 'Matar al mensajero', la revista analiza los tropiezos para la libertad de prensa debido a que "los gobiernos del ecuatoriano Rafael Correa y del venezolano Hugo Chávez crearon un Grupo de Trabajo que propone que la Relatoría no publique un informe anual por separado ni de mayor extensión que el que hacen las demás relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

La publicación colombiana explica que este hecho debilitaría el impacto y la visibilidad de dicho informe. Además, el grupo también propone prohibir el financiamiento externo de esta relatoría y exigir que reciba el mismo dinero que las demás relatorías; y finalmente, exigen un código de conducta que limitaría su capacidad de acción, incluso para emitir comunicados, de acuerdo con el periódico La Nación de Costa Rica.

Los representantes de países como Argentina y Brasil (molestos con informes de esa relatoría) no se han pronunciado al respecto; mientras que el embajador colombiano consideró que la propuesta no era demasiado drástica, de acuerdo con Semana.

Dicha relatoría, dirigida por la abogada colombiana Catalina Botero, ha conseguido financiamiento en la Unión Europea y en países de América Latina, y se ha convertido en “la puerta que tocan los periodistas del continente que ven en peligro su libertad”, según publicó Semana el viernes 6 de enero.

En diciembre, el presidente Rafael Correa inició una campaña de desprestigio contra la relatora Catalina Botero, tras la publicación de un informe con críticas y recomendaciones a la situación de la libertad de expresión en Ecuador.