Este 27 de junio las FARC concluirán su entrega de armas. Un acto público presidido por Juan Manuel Santos y la ONU sellará su desaparición como grupo armado. El histórico proceso de paz entrará en una fase decisiva.

El desarme de la guerrilla es apenas el comienzo de una serie de complejos procesos, como su reintegración a la sociedad y los miles de juicios jurídicos en busca de la verdad, el castigo, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición de los crímenes.

Unos 2.500 exguerrilleros deberán comparecer ante un tribunal especial, debido a la sospecha de que han estado directamente involucrados en crímenes de lesa humanidad. Quien confiese su culpa y aporte al esclarecimiento de los crímenes pagará una condena de varios años. A quien se le comprueben crímenes no confesos lo mandarán a la cárcel.

El tiempo apremia. Estos son apenas algunos de los muchos aspectos del Acuerdo de Paz por implementar. "La pregunta clave es: ¿logrará Colombia llevar a cabo, efectivamente, todos estos procesos individuales?", pregunta Günther Maihold, del Instituto alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), con sede en Berlín.

Aún ni siquiera está claro cuándo comenzará a regir la jurisdicción especial ni cuánto tiempo durará. Mientras se parte de una duración de 10 años, Maihold cree que tomará el doble de tiempo.

La reintegración a la sociedad es otra de las mayores tareas por resolver, ya que "para que el proceso tenga éxito, los nuevos ciudadanos deberán recibir una perspectiva económica y educativa que nunca antes tuvieron”. Un proyecto que debe mostrar rápido éxito para evitar la frustración.

Desmovilización de paramilitares: un plan frustrado. La desmovilización, en 2005, de unos 30.000 paramilitares de ultraderecha les dejó a los colombianos una dura lección: unos 2.200 exparamilitares murieron en los años siguientes en dudosas circunstancias. De los 4.400 acusados casi la mitad abandonó los programas de reintegración para formar otras bandas criminales.

"Si bien es cierto que el escepticismo de algunos colombianos se debe a que ven a los exguerrilleros como un 'factor de inseguridad', sobre todo en las ciudades, también los desmovilizados pueden correr el riesgo de ser víctimas de venganzas u odio. Un aspecto crítico que puede poner a prueba la lealtad de las ex-FARC al proceso de paz”, dice Maihold.

Elecciones de 2018, decisivas para futuro de la paz. Cuán importante son los avances prontos y verificables del proceso de paz se ve en el hecho de que el Gobierno de Colombia y las FARC solicitaron a la ONU iniciar, cuanto antes, los programas de reintegración.

Es más, los avances de la paz en Colombia dependerán también de los resultados de las elecciones parlamentarias y presidenciales de marzo y julio de 2018. Una victoria de los detractores del Acuerdo de Paz sería un gran riesgo para todo el proceso. Günther Maihold, por su parte, es escéptico: "No veo además que la sociedad colombiana respalde plenamente la implementación de la paz en todo el país”.