En un reporte titulado "El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela", publicado en español, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó que esta se haya convertido en una práctica generalizada en el país sudamericano desde el 2004.
Reuters. Los tribunales militares venezolanos están violando los derechos humanos al enjuiciar a civiles por protestar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, advirtió el jueves un grupo internacional de juristas adscrito a Naciones Unidas.
En un reporte titulado "El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela", publicado en español, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó que esta se haya convertido en una práctica generalizada en el país sudamericano desde el 2004.
"El juzgamiento de civiles por tribunales militares configura una violación flagrante de los derechos a un tribunal independiente, imparcial y competente así como al debido proceso legal y es incompatible con las normas y estándares internacionales sobre administración de justicia", dice la CIJ en un informe de 22 páginas.
La Comisión compuesta por 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo y tiene como misión la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho, no suministró cifras sobre la cantidad de personas.
Tampoco hay disponibles números oficiales.
Según autoridades venezolanas, durante las manifestaciones opositoras en el 2017, unos 250 civiles apresados fueron puestos a la orden de las cortes castrenses por delitos que van desde "rebelión" hasta "ataque" a las fuerzas de seguridad.
La CIJ, un grupo con estatuto consultivo en la ONU, declaró que en Venezuela los jueces castrenses son funcionarios del Gobierno y están subordinados a la disciplina militar, pero se alejan del principio del derecho internacional cuando juzgan a civiles.
"Los amplios y discrecionales poderes en materia de jurisdicción penal militar del Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y los comandantes militares son incompatibles con el principio de independencia de toda administración de justicia y vulnera hondamente el principio de separación de poderes", concluyó.
Sin embargo, el grupo con sede en Ginebra, dijo que la práctica no es nueva en Venezuela pues fue un recurso empleado por sucesivos gobiernos del país sudamericano.
La ONG venezolana Foro Penal, que presta servicios gratuitos de asistencia jurídica, dijo en otro informe con datos hasta febrero pasado que unas 784 personas fueron procesadas por tribunales militares, lo que en su parecer constituye una "violación al derecho al juez natural".
