El investigador político Christoph Heuser, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), cree que las acusaciones de corrupción sobre el ex presidente Alejandro Toledo son un duro golpe contra su persona, pero también sobre el ya frágil sistema democrático peruano.

El caso Odebrecht, el escándalo más grande de corrupción en toda América Latina, está remeciendo también las altas esferas de la clase política peruana. La Fiscalía anticorrupción de ese país solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien habría recibido 20 millones de dólares en sobornos por favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica Sur, que une a Brasil y Perú. Así lo reveló Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Lima y actual colaborador de la Fiscalía peruana.

Ahora, Toledo enfrentará una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. Este jueves (09.02.2017) el Poder Judicial determinará si solicita una orden de captura internacional así como una alerta a la Interpol, debido a que el expresidente peruano reside en los Estados Unidos. Por este caso también será investigado el empresario peruano-israelí Joseff Maiman, amigo personal de Toledo y quien habría sido el intermediario para recibir en sus cuentas de Londres el dinero de los sobornos.   

En una entrevista desde París con el programa de televisión peruano Cuarto Poder, el ex presidente negó las acusaciones e instó a Barata a que aclare "cuándo, cómo, dónde y en qué banco me han dado US$20 millones". También aseguró que las denuncias en su contra son parte de una persecución política orquestada por sus "enemigos tradicionales" del fujimorismo.

"Esta democracia ya era precaria”. Tras el descubrimiento de la red de corrupción durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple prisión en Lima por casos de corrupción y violación a los derechos humanos, Alejandro Toledo se presentaba como líder de la lucha anticorrupción y de la recuperación de la democracia en Perú. "La revelación de este soborno de Odebrecht es un duro golpe a una democracia frágil y a la confianza de la población. Esto no es solo un golpe para él como persona, sino también para la institución de la Presidencia, del Estado y también de los partidos”, indica a DW el investigador político Christoph Heuser, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Sin embargo, casos como este terminan simplemente incrementando algo que ya existía. "No es que estuviéramos frente a un escenario de confianza y solidez institucional que de pronto se ve quebrado por un escándalo. Esta democracia ya era precaria y poco confiable. Más que romper, este hecho termina por ratificar las sospechas que ya se tenían”, señala en entrevista con DW Jaris Mujica, politólogo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

¿Fracasó la lucha anticorrupción post Fujimori? Según el experto peruano, a la lucha anticorrupción tras el régimen fujimorista le faltó fortalecer con precisión los aparatos de control preliminar a los actos de corrupción. Es decir, no se trabajó en los mecanismos que evitan corrupción. Por un lado ha aumentado la persecución penal, pero por el otro no se ha prevenido.
"No hay incentivos suficientes para la lucha anticorrupción. El riesgo de ser detectado o capturado es muy bajo. El destape de la mayor parte de los grandes casos de corrupción pública en el país no nacen de una investigación fiscal, sino de un delator que conocía algún detalle del caso y es quien informa a la prensa o a las autoridades, porque no se le pagó suficiente o porque no cumplieron su parte del acuerdo”, afirma Mujica.

Asimismo, durante el régimen de Toledo se trató de empoderar a los gobiernos regionales y descentralizar así el país, pero esto, al parecer, no ha solucionado el problema de la corrupción, según ambos especialistas. Actualmente hay casi una decena de expresidentes regionales que están siendo procesados o están encarcelados por corrupción. "En los diferentes gobiernos regionales del país se ha detectado una gran corrupción que también está relacionada con el crimen organizado, lavado de activos provenientes del narcotráfico o, incluso, narcotraficantes que apoyan campañas electorales de alcaldes y congresistas”, apunta el investigador del GIGA. 

Las investigaciones de este gran caso de corrupción recién comienzan en Perú y, según la prensa local, ocasionarán un "terremoto político” en el que también podrían verse afectados los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).