Los expertos coinciden que "no es algo nuevo, todos los que trabajamos aquí en México el tema del Estado de derecho lo vemos con mucha preocupación, como también el problema de la violencia exagerada en el marco de enfrentamientos o detenciones".
Un video que muestra una presunta ejecución extrajudicial ha vuelto a encender la polémica en torno al proyecto de Ley de Seguridad Interior, que conferiría a las FF.AA. facultades policiales.
Según señaló en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, el video -en que se ve a un uniformado disparando a una persona en el suelo presuntamente en el marco de una operación militar en la localidad de Palmarito Tochapan- "muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les debería encomendar operaciones de seguridad pública".
De facto, sin embargo, los militares ya están ejerciendo esas funciones en varios lugares de México. "De hecho, en algunas regiones, por ejemplo en Tamaulipas, en Durango o en Sinaloa, ni siquiera hay policía municipal. Nadie quiere asumir esta responsabilidad, porque nadie quiere jugarse la vida", señala a DW Birgit Lamm, directora regional para América Latina de la fundación alemana Friedrich Naumann, cercana al Partido Liberal. Desde Ciudad de México, destaca la debilidad de la policía: "Está tan desprestigiada, que mucha gente incluso confía más en el Ejército que en las policías locales y regionales, que muchas veces están involucradas con el crimen organizado local". Pero hace notar, al mismo tiempo, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estas labores y tienen sus propios problemas en materia de derechos humanos.
"Trágico historial". Amnistía Internacional habla en su comunicado de "un trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas". Carlos Zazueta, investigador para México de dicha organización, afirmó en entrevista con DW que el caso mencionado al comienzo no es un hecho aislado. "Hemos visto casos similares de ejecuciones, hay algunos muy conocidos, como es el caso de Tlatlaya, donde varias personas ya rendidas fuero ejecutadas por el Ejército y también hay otros casos de violaciones de derechos humanos, como torturas, violaciones sexuales, desapariciones y algunos otros graves abusos por parte de las fuerzas armadas".
Birgit Lamm coincide en que "no es algo nuevo, todos los que trabajamos aquí en México el tema del Estado de derecho lo vemos con mucha preocupación, como también el problema de la violencia exagerada en el marco de enfrentamientos o detenciones".
"Estrategia peligrosa". "Nos preocupa que la respuesta de las autoridades sea legalizar la problemática, porque hemos visto una estela de violaciones de derechos humanos en estos 10 años de estrategia militarizada y en lugar de corregir la estrategia y fortalecer y democratizar a las policías, simplemente quieren legalizar algo que está pasando de facto", afirma el investigador de Amnistía Internacional. También la directora regional de la Fundación Friedrich Naumann considera que "están más bien buscando una justificación para lo que ya están haciendo". Como ejemplo cita otra propuesta, que contempla excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas en los tribunales, "en los casos en los que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiera obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviere atenuado". Según Birgit Lamm, eso equivaldría a una "autorización de la tortura".
Pero ya el propósito de atribuir facultades policiales a las fuerzas armadas resulta problemático para los expertos consultados. "Creo que el uso del Ejército para labores de policía va a incrementar el potencial de conflicto dentro de una sociedad. El hecho de entregar a los militares una terea policial, sin control civil, me parece peligroso", afirma Birgit Lamm. Carlos Zazueta agrega que "son facultades que podrían ser muy mal utilizadas por las fuerzas armadas, sobre todo porque no están en un sistema de rendición de cuentas claro y de control de la autoridad civil".
El experto de Amnistía Internacional hace notar que "hay bastante controversia tanto entre los partidos políticos como con la sociedad civil sobre la pertinencia o no de que las fuerzas militares asuman estas funciones" y subraya: "nos parece que estos casos, como el de Palmarito, muestran los peligros de seguir esa estrategia".
