El presidente peruano afirmó que “me quisiera ir del gobierno con una clara auditoría de todo, para alcanzar a sancionar a cualquier irresponsable que haya querido aprovecharse de la confianza que el pueblo me dio”.

Lima. El presidente de Perú, Alan García, pidió a la Contraloría que investigue y escudriñe lo sucedido en los últimos cuatro años de gobierno, y presente una auditoría que permita sancionar cualquier eventual acto de corrupción.

Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación que incorpora de manera progresiva los Órganos de Control Institucional (OCI), que dependen de las entidades públicas, a la Contraloría.

En la oportunidad también anunció que enviará al Legislativo un proyecto de ley que permita que la Contraloría supervise al Parlamento, el Banco Central de Reserva (BCR), gastos de Defensa y a las Fuerzas Armadas, incorporando los órganos de control de dichas instituciones.

El jefe de Estado indicó que “así como aceptamos que el Parlamento pueda investigar cualquier cosa, que también sea escrutado por la Contraloría (…) lo mismo con el BCR. No hay nada que ocultar (…) es la mejor manera de ser transparentes, democracia es transparencia”, dijo Andina.

Control a su gobierno. En este contexto afirmó que “le pido al contralor así como a los jueces y magistrados, que más allá de proyecciones futuras, nos ayuden aquí y ahora a investigar, escudriñar y sancionar, no sólo lo que pase desde hoy en adelante, sino lo que ha pasado en los últimos cuatro años”,

García se comprometió a tomar las medidas sancionadoras correspondientes “cualquiera sea el apellido (…) o el partido al que pertenezcan” los eventuales infractores.

“Me quisiera ir del gobierno con una clara auditoría de todo, para alcanzar a sancionar a cualquier irresponsable haya querido aprovecharse de la confianza que el pueblo me dio, cualquiera sea el apellido que tenga, el partido al que pertenezca, hay que aplastar la cabeza de esa serpiente venenosa que es la corrupción”, dijo.

Para García, la ley promulgada “cierra el circuito de lucha contra la corrupción, de manera operativa”, pues el personal que actualmente realiza labores de control y es pagado por la institución que supervisa, en adelante dependerá directamente de la Contraloría.