Casquillos de balas, vidrios rotos y orificios en las paredes es lo que quedó tras un choque de más de cuatro horas entre miembros encapuchados de la autodenominada “caravana de la paz”, compuesta por partidarios de Ortega, y jóvenes con morteros.
Monimbó, Nicaragua.- Tras un fuerte enfrentamiento armado, cientos de policías y simpatizantes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, retomaron el control de la comunidad indígena de Monimbó, a unos 30 kilómetros al sur de la capital, el último bastión controlado por los manifestantes que protestan contra el Gobierno.
Casquillos de balas, vidrios rotos y orificios en las paredes es lo que quedó tras un choque de más de cuatro horas entre miembros encapuchados de la autodenominada “caravana de la paz”, compuesta por partidarios de Ortega provistos de pistolas y armas automáticas, y jóvenes con morteros.
“Este es un país que vivió una guerra mucho tiempo”, dijo un comandante de la caravana haciendo referencia a la Revolución Sandinista, un proceso militar comandado por Ortega que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
“Lo último que queremos es heredarle más sangre a nuestros hijos y nietos”, agregó el hombre armado identificado con el seudónimo de “Tomás” y que, como los otros miembros de la caravana, vestía camiseta azul y pasamontañas.
Poco a poco, el pueblo retomaba la tranquilidad y los niños sacaban sus bicicletas, paseaban a sus perros y los adultos se reunían en las esquinas a conversar con algunas barricadas vacías como telón de fondo.
Algunos pobladores de la zona agradecieron a los encapuchados por haberlos “librado del azote” de los manifestantes. Otros, lamentaron la violencia con que se produjo el desalojo.
“Era la única forma (de sacarlos), porque ellos también tenían armas”, opinó Juan Pilarte, un zapatero de 47 años que dijo que perdió su trabajo debido a que el dueño de la zapatería donde laboraba cerró sus puertas por las protestas que iniciaron a mediados de abril.
“No eran estudiantes. Yo tengo dos hijos que son estudiantes y no estaban en la trinchera”, agregó.
La violencia recrudeció en Nicaragua desde el viernes, luego que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieran en universidades tomadas por manifestantes y rompieran los bloqueos de vías en varias ciudades dejando una decena de fallecidos.
La denominada “operación limpieza” busca debilitar la base de las protestas contra Ortega, pero no sólo generó rechazo internacional, sino que reavivó la convicción de los manifestantes para exigir la renuncia del presidente, quien enfrenta su peor crisis política desde que asumió en 2007.
“Antes del domingo, un pueblo tan especial como el nicaragüense estará levantado, de una u otra manera”, dijo un líder estudiantil de Masaya, uno de los epicentros de las protestas, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
“Nosotros no luchamos por adoquines, por barricadas, nuestra lucha es por la democracia en el país y hoy, la oposición está más fuerte que nunca”, agregó.
“HAN MATADO, HAN TORTURADO”
Un plan del presidente Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató una ola de protestas a mediados de abril. El Gobierno se retractó de la medida poco después, pero su severa respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario.
La policía y las autoridades en Nicaragua han matado y encarcelado a personas sin someterlas a un juicio y han cometido actos de tortura, dijo el martes la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno poner fin a la violencia que ha cobrado la vida de unas 280 personas.
“Se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión”, dijo en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rupert Colville.
“La gran mayoría de violaciones son cometidas por el Gobierno o por elementos armados que parecen estar trabajando en coordinación con ellos”, aseguró Colville a Reuters, y añadió que los manifestantes eran mayormente pacíficos aunque algunos iban armados.
Ortega, un exguerrillero izquierdista que cumple su tercer mandato seguido, y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta del país, han negado acusaciones previas de violaciones a los derechos humanos y han dicho que entre los fallecidos hay también miembros de la fuerza pública.
Además sostienen que la oposición es la responsable de los grupos armados violentos que buscan aterrorizar al país con “prácticas diabólicas”.
“Estamos recuperando la seguridad, la paz, las posibilidades para el trabajo y la vida en nuestra Nicaragua (...) Hemos estado llenos de desgracia, producida por una minoría llena de odio (...) Volverá la sonrisa a iluminar los rostros de todas las familias nicaragüenses”, dijo el martes Murillo en un contacto telefónico con la televisión pública.
