La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y asociaciones de alcaldes tienen listo el proyecto de protocolo de seguridad para presidentes municipales, y es que del 2006 a octubre pasado han sido victimados 43 alcaldes en funciones, siete electos y 35 exmunícipes, sumando 85 crímenes.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y asociaciones de alcaldes tienen listo el proyecto de protocolo de seguridad para presidentes municipales, y es que del 2006 a octubre pasado han sido victimados 43 alcaldes en funciones, siete electos y 35 ex munícipes, sumando 85 crímenes.
El proyecto de protocolo que se discute en la CNS, y cuya copia obtuvo El Economista, contempla procesos a seguir en caso de un atentado, amenazas, lesiones, muerte u homicidio de un alcalde, pero también de jefes delegacionales de la Ciudad de México; síndicos; regidores y funcionarios relacionados con seguridad pública municipal.
Para ello, plantea la creación dentro de la Comisión Nacional de Seguridad de una Dirección del Programa de Protección y un Comité de Seguridad para Alcaldes, que estaría encargada de recibir la solicitud de medidas cautelares por parte de los alcaldes en riesgo.
En esa instancia se revisarían, en un plazo máximo de dos días, la situación del riesgo que tiene el alcalde, y enviaría un informe al titular de la CNS, quien ordenaría las medidas de protección.
El comité o dirección estaría integrado por el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública Municipal; tres alcaldes; dos miembros de la Secretaría de Gobernación; dos elementos directivos de la Policía Federal y dos de la Policía Municipal.
Se mapeó el país en cuatro regiones, de las cuales A y B serían las de mayor riesgo para los alcaldes (Oaxaca; Veracruz; Michoacán y Guerrero, así como Chihuahua; Durango; Estado de México; Tamaulipas y Puebla).
En la elaboración de este protocolo participan funcionarios de la CNS, así como integrantes de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm); la Asociación de Alcaldes de México (ANAC) y la Asociación de Autoridades Locales de México (Almac), que agrupan a munícipes del PRI, PAN y de partidos de izquierda.
Agentes de la PF. A propuesta de la ANAC, se analiza que el protocolo incluya la implementación de agentes especializados que serían reclutados, adiestrados y al mando de la Policía Federal.
“El agente especializado debe pertenecer a la Policía Federal para formar parte de este cuerpo de élite; deberá seguir un proceso de selección por parte de la Secretaría de Gobernación”, refiere.
Contempla un reglamento para el ingreso y formación de los agentes élite, y además un apartado sobre el uso legítimo de la fuerza.
Los agentes especializados serían designados a los municipios pertenecientes a las zonas A y B, así como en aquellos donde se han suscitado homicidios de alcaldes.
Su perfil sería el siguiente: “Los agentes especializados deberán estar capacitados para realizar un estudio de seguridad, por las zonas delictivas del municipio donde se encuentre el alcalde al que van a proteger y brindar seguridad. Para realizar el estudio de seguridad del diagnóstico general de seguridad municipal, podrán solicitar ayuda de instancias de seguridad pública o privada, asociaciones civiles, personal académico especializado en materia de seguridad”.
Su función principal sería “la prevención de delitos en contra de la integridad física, moral o en bienes materiales del alcalde a su cuidado”.
Menciona que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de brindar instrumentos como radios, alarmas, cámaras de seguridad, entre otros que requieran los agentes.
El protocolo, actualmente en las últimas definiciones por parte del grupo de trabajo que tienen instalado la CNS y las tres asociaciones municipalistas, refiere que en caso de amenazas telefónicas, correo u otro medio en contra de un presidente municipal, se levantará un acta ante el Ministerio Público.
Identifican focos rojos
Elaboran mapa de organizaciones criminales
Los estados con más riesgo que un alcalde pueda sufrir amenazas o atentados son: Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas, Chihuahua y Puebla, donde en los últimos 10 años han sido asesinadas 85 autoridades.
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En contraste, las entidades donde las autoridades municipales no han sufrido prácticamente ningún ataque en la última década son: Coahuila, Morelos, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León.
La Asociación Nacional de Alcaldes elaboró un mapa de las organizaciones criminales y del narcotráfico que operan en todo el país.
De esa forma, se desprende que en los primeros estados donde ha existido mayor violencia, operan los siguientes grupos delictivos: Cártel de la Familia; Cártel Jalisco Nueva Generación; Los Zetas; Cártel del Golfo; el Cártel de Sinaloa y los Caballeros Templarios.
La asociación atribuyó que la debilidad de los alcaldes para enfrentar la inseguridad es la frágil estructura que tienen en la policía municipal.
“En México existen alrededor de 337.000 policías estatales y 132.678 municipales; es decir, poco más de 40% de los policías en el país opera en el orden municipal, lo que corresponde a 112 policías municipales por cada 100.000 habitantes. El 86% de las policías municipales en México cuenta con menos de 100 elementos, y 20 corporaciones municipales concentran 25% del total a nivel nacional de policías municipales”, refiere.
Sólo 14 de los 32 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, y en 600 ayuntamientos no cuentan con una corporación de seguridad propia. Chihuahua y Nuevo León son los dos estados que mejor pagan a sus policías municipales con un sueldo mensual promedio de 10.622 y 14.966 pesos. Los municipios de Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, tienen las policías más exitosas del país.