Al justificar la medida, que amenaza con un estallido social, el presidente Evo Morales afirmó que “la nivelación de precios de los hidrocarburos es para evitar la sangría de la economía".

La Paz. La amenaza de un estallido de conflictos asomó este lunes en Bolivia, al converger una masiva huelga de transportistas y amenazas de duras protestas sindicales contra una fuerte e inesperada alza de combustibles decretada por el gobierno izquierdista de Evo Morales.

El gobernante indígena restó importancia a las protestas y defendió el llamado "gasolinazo" con el repetido argumento oficial de que su empobrecido país no podía prolongar más la "sangría" de una subvención a los combustibles que le costaba este año US$380 millones.

Para analistas, Morales no debe minimizar el riesgo de una crisis política derivada del aumento de los combustibles que, según cálculos preliminares, podría impactar en un alza general de precios y pondría en juego la gobernabilidad que le dio tener a su lado a los sindicatos.

Los combustibles para automotores subieron el domingo en hasta 83%, llevando el diésel a US$0,96 el litro, en una medida justificada por el gobierno en la gran diferencia entre los mercados interno e internacional, pero que fue denunciada por varios sindicatos como "neoliberal".

"La nivelación de precios de los hidrocarburos es para evitar la sangría de la economía", dijo Morales en su primera declaración sobre el tema, durante una reunión con alcaldes rurales, en la que no mencionó específicamente a las protestas.

"Esta medida no es para hacer daño a nadie, jamás vamos a abandonar a los sectores o a los trabajadores, pero no podemos permitir que la plata siga chorreándose hacia fuera", agregó, refiriéndose al contrabando de combustibles subvencionados.

Lucha tenaz contra el alza. La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos del país y era considerada aliada del gobierno, dijo que definirá el martes medidas de protesta.

"La COB no está de acuerdo con el alza del precio de los carburantes (...), traerá consecuencias negativas como el alza del costo de vida, por eso pedimos que se abrogue este decreto", dijo a reporteros el líder de la COB, Pedro Montes.

En línea con la aparente poca preocupación de Morales, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que el gobierno esperaba dialogar con todos los sectores y confiaba en que varias medidas paliativas aprobadas también el domingo darán resultado.

"No estamos en una crisis sino que es un buen momento económico para que los efectos no se sientan", dijo Arce, citando entre esos paliativos al congelamiento de las tarifas de agua, electricidad y telefonía.

Además de un próximo aumento salarial que aseguró compensará la inflación del 2010 -que llegaría al 7% frente al 0,26 de 2009- y la prevista alza de precios de enero venidero a causa de la medida de incremento de los combustibles.

La poderosa Confederación de Fabriles, en un pronunciamiento de tono parecido a los de otros sectores como mineros y maestros, dijo que exigirá a la COB que encabece "una lucha tenaz hasta lograr la derogación del gasolinazo" y llamó a "preparar una lucha nacional por el incremento salarial".

Los operativos sindicales se produjeron mientras Bolivia estaba semiparalizada por una huelga indefinida de transportistas, la primera medida de rechazo al alza.

El transporte público era escaso y el poco que prestaba servicios urbanos y de larga distancia imponía unilateralmente aumentos de tarifas de hasta un 100 por ciento, pero en las calles de La Paz no se observaban disturbios ni protestas y las gasolineras operaban con normalidad.

Hasta ahora no había amenazas contra las vitales exportaciones minerales y de gas natural, que generan más de dos tercios de las divisas de la pequeña economía altiplánica y financian las políticas sociales de Morales, bajo cuyo mandato Bolivia acumula cuatro años de superávit fiscal y crecimiento y reservas récord.

Riesgo político. Morales no debería minimizar el riesgo de una crisis política derivada de un problema económico, advirtió la analista Marité Zegada en declaraciones a radioemisoras.

"El Gobierno ha podido controlar aquellos posibles brotes de violencia que ha podido sufrir el país. Pero si uno mira en perspectiva, el tema económico se convierte en un factor desestabilizante, en anteriores procesos ha significado un quiebre entre el Gobierno y los sectores más afectados", dijo.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) evitó criticar el fondo de la medida, pero señaló que el Gobierno aprovechaba la circunstancia de que no habría elecciones políticas por lo menos hasta el 2014.

"Esta situación no era nueva y pudo haberse subsanado en los años en que el PIB creció marcadamente como el 2008 o cuando la inflación se encontraba muy cerca de cero como en el 2009", dijo en conferencia de prensa Daniel Sánchez, presidente de la CEPB.

Los precios de la mayoría de los combustibles se habían mantenido invariables durante casi una década en Bolivia.

A principios del 2003, el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez prefirió aumentar impuestos en vez de subir los combustibles para enfrentar un déficit fiscal. La medida provocó un cruento motín policial que marcó el principio del abrupto fin de ese gobernante ahora refugiado en Estados Unidos.

En 2004, el presidente Carlos Mesa subió levemente el diésel, lo que desató protestas que sirvieron como punto de partida a un movimiento autonomista en la región oriental de Santa Cruz, liderado por los grandes empresarios agropecuarios.