Argentina, principal vecino de Brasil, en una primera instancia abogó por respetar el proceso, pero más tarde destacó la inquietud por la "trascendencia" que tiene lo que ocurre y el trabajo bilateral entre los dos países hermanos.
Varios gobiernos latinoamericanos expresaron su preocupación el jueves por las eventuales consecuencias de la decisión del Senado de Brasil de someter a la mandataria Dilma Rousseff a un juicio político y apartarla provisionalmente de la presidencia.
La suspensión de Rousseff de hasta 180 días por supuestas violaciones presupuestarias, fue cuestionada como injustificada por el secretario general del bloque sudamericano Unasur y los gobiernos izquierdistas de la región hicieron eco al argumento de la brasileña de que es objeto de un golpe de Estado.
Argentina, principal vecino de Brasil, en una primera instancia abogó por respetar el proceso, pero más tarde destacó la inquietud por la "trascendencia" que tiene lo que ocurre y el trabajo bilateral entre los dos países hermanos.
"En lo económico, lo vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio", dijo el jefe del gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, en declaraciones a la televisión estatal.
Inicialmente, la canciller Susana Malcorra manifestó a través de un comunicado su respeto al "proceso institucional" con la confianza de que "el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña".
Para el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, la suspensión de la mandataria abre "preocupantes interrogantes" sobre el Estado de Derecho y deja en evidencia la existencia de "poderes fácticos" en Latinoamérica que comprometen la gobernabilidad democrática.
"Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en la región y estas circunstancias de inestabilidad que se han venido viviendo y se podría profundizar con la decisión adoptada el día de ayer podrían trasladarse de manera peligrosa a la región", dijo a la prensa en la sede de Unasur en Quito.
Chile expresó "preocupación" por el escenario incierto. El canciller Heraldo Muñoz, quien acompaña a la presidenta Michelle Bachelet en un viaje a Europa, destacó las "excelentes relaciones" con la "amiga" Rousseff y su "decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil".
Por su parte, el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, cercano aliado de Rousseff, rechazó lo que calificó "un golpe de Estado parlamentario" en Brasil y convocó a sus seguidores a manifestarse la tarde de jueves en apoyo a la presidenta.
"La presidenta legítima, Dilma Rousseff, primera mujer electa como Jefa de Estado en Brasil, enfrenta una arremetida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza", dijo la cancillería en un comunicado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó lo que consideró un "atentado contra la democracia y la estabilidad económica de Brasil y la región". "Hermana Presidenta @dilmabr sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial", escribió en su cuenta de Twitter.
El Gobierno comunista cubano también describió el proceso como un "golpe de Estado" a su aliada izquierdista en la región. "Hoy se consumó un paso fundamental para los objetivos golpistas", agregó.
El Gobierno de Ecuador entregó igualmente su respaldo "al Gobierno constitucional de la Presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común".
El bloque comercial Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió un comunicado en el que rechazó la impugnación de Rousseff y la consideró como "una maniobra, disfrazada de legalidad, para apartarla de su cargo y desacreditarla a ella y al Partido de los Trabajadores, sin que existan razones legítimas ni fundamentos jurídicos para ello".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se enfocó en hacer "votos para que la institucionalidad democrática en Brasil se preserve, para que el debido proceso se respete".
"Lo que queremos es que la estabilidad se mantenga", dijo en Londres, donde asiste a la Cumbre Mundial de Lucha contra la Corrupción. "Nos duele mucho lo que está sucediendo", concluyó.
