La ONG advierte que en tres años se han restituido menos de 30 mil hectáreas. El principal problema: la seguridad de los reclamantes.

“Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que aborde los graves fallos del proceso de restitución de tierras. En particular, debe garantizar una restitución de tierras completa y sostenible, debe abordar su falta de protección a las personas que desean retornar, y debe llevar ante la justicia a los responsables de expulsar a millones de personas de sus hogares”, es la principal recomendación que presenta el informe Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia.

Se trata de un completo documento en el que se detallan los avances de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Especialmente en lo que respecta al regreso de los legítimos dueños a sus parcelas en un contexto de conflicto armado como el que se vive en el país. El propósito es dar cuenta de los alcances y debilidades de esta política institucional, así como presentar una serie de recomendaciones que contribuirían a su mejor aplicación.

El informe analiza información de los años 2013-2014 e incluye trabajo de campo en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y Meta y en Bogotá. También tiene en cuenta las opiniones de defensores de derechos humanos, el gobierno y los reclamantes y víctimas del conflicto armado.

“Los diversos actores colombianos han mostrado un apetito insaciable por lograr y mantener el control sobre unas tierras que consideran fundamentales para sus diversos intereses. Entre esos actores se encuentran las fuerzas de seguridad y los paramilitares (actuando solos o en connivencia mutua), los grupos guerrilleros, algunas élites políticas y empresariales de las distintas regiones, los narcotraficantes y otras asociaciones delictivas”, señala el documento.

Entre los datos que condensa el análisis se advierte que desde 1985 más de 6 millones de personas (13% de la población colombiana) fueron obligadas a desplazarse, y que en 2013 alrededor de 220.000 abandonaron sus hogares por motivos relacionados con el conflicto armado. Según datos oficiales, se calcula que ocho millones de hectáreas fueron despojadas, equivalentes al 14% del territorio nacional.

Lo que preocupa a Amnistía Internacional es que hasta el 1º de agosto de 2014 se habían devuelto a campesinos menos de 30.000 hectáreas, mientras que a comunidades indígenas se les han restituido 50.000 hectáreas -esta última en una sola sentencia-. Pero más grave resulta cuando se observa que la mayoría de los casos de restitución de tierras que se han resuelto corresponden a familias que ya habían retornado antes del proceso de restitución.

La ONG internacional también advierte que uno de los principales obstáculos es conseguir que quienes se oponen a la restitución rindan cuentas ante la justicia. “El hecho de que no se lleve ante la justicia a los sospechosos de ser penalmente responsables de desplazamientos forzados y de la adquisición ilegal de tierras, así como de abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con esas prácticas, ha contribuido a prolongar el conflicto, ya que los autores de abusos, cometidos tanto en el pasado como en el presente, pueden confiar en que no tendrán que rendir cuentas de sus actos”, refiere el informe.

De la misma manera, Amnistía Internacional sostiene que los datos de violencia contra víctimas o reclamantes de tierras, así como contra quienes trabajan en esta materia, es altamente preocupante. “Más de 70 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y más de 200 sufrieron amenazas únicamente en 2013, mientras que al menos 30 fueron víctimas de homicidio y más de 100 recibieron amenazas en los primeros seis meses de 2014”, consigna la organización.

Al final, Amnistía Internacional recomienda al gobierno garantizar las medidas de seguridad a los reclamantes de tierras y a quienes actúan en su nombre; implementar un modelo de protección colectivo, con recursos suficientes; garantizar que se respete plenamente el derecho de las víctimas a una reparación integral; ampliar el plazo de 10 años de aplicación de la Ley 1448; reformar la fecha límite para acceder a la ley, que hoy es 1991; derogar lo relativo al contrato de uso; sustituir los mecanismos de micro y macrofocalización con que se identifican las zonas susceptibles de restitución, y fortalecer el enfoque diferencial en favor de mujeres, menores de edad y comunidades afro e indígenas.