La entidad instó al Estado argentino -en el 22° aniversario del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994- a cumplir con su obligación de otorgar justicia y reparación para las víctimas del hecho, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos en Buenos Aires.

Los que planificaron el atentado del 18 de julio de 1994 y sus cómplices locales “siguen impunes” y la sociedad argentina “aún espera justicia”, denuncia Amnistía Internacional Argentina. La organización plantea la “urgente necesidad” de dar cumplimiento al decreto 812 de 2005, que continúa “pendiente pese a los años transcurridos” y que fija el compromiso del Estado argentino para, entre otros:

“Profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial AMIA del Ministerio Público; garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables; fortalecer la Unidad Especial de Investigación del caso AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; profundizar el proceso del relevamiento de archivos del caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (actualmente AFI –Agencia Federal de Inteligencia-) y de las Fuerzas de Seguridad; extender las unidades de relevamiento a la dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios; crear una unidad especializada en catástrofes; transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.”

Amnistía Internacional celebra que “finalmente, luego de años de espera”, se esté desarrollando el juicio oral sobre el encubrimiento a la investigación del atentado, que actualmente se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo, destaca “la lentitud con que se lleva adelante” y alenta a las autoridades judiciales pertinentes a incentivar “un desarrollo dinámico” del mismo.

En Argentina e Israel. "Tenemos un sentimiento de frustración. Sabemos quiénes son los culpables y los países y organizaciones que están detrás del atentado y, desafortunadamente, no se han podido llevar ante la justicia", aseguró por su parte el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahshón, a la agencia española de noticias Efe.

No obstante, "a pesar de las dificultades en los últimos años, somos optimistas y sabemos que al final la Justicia vencerá", agregó Nahshón antes de señalar que Israel mantiene un "diálogo muy bueno" con el Gobierno del actual presidente Mauricio Macri.
El ataque, que además de las víctimas mortales dejó una enorme destrucción en el edificio que albergaba la mutual judía, se produjo apenas dos años después de un atentado similar contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que se saldó con 29 fallecidos y cuyos responsables tampoco han afrontado juicio.

Lenta (in)justicia. Tras años de investigación, un magistrado argentino concluyó en 2007 que Irán estaba detrás del ataque. El Gobierno argentino pidió a Interpol que emitiera órdenes de búsqueda y captura para varios sospechosos. Aunque la causa se encuentra en un aparente estado de estancamiento, el nuevo equipo investigador pretende juzgar "en ausencia" a los sospechosos iraníes de la matanza. Pero las víctimas no terminan de comprender cómo un acto semejante aún continúa sin respuesta ni justicia 22 años después.

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"El trauma no se borra, pero lo que día a día vuelve es la no conclusión de encontrar justicia", explicó Silvina Bernstein, de 48 años y una de las supervivientes que reside en Israel desde 2000. Esta porteña dice no identificarse con la palabra "víctima", sino "sobreviviente", porque víctima le "suena a algo trágico". Cada 18 de julio celebra "haber vuelto a vivir" y, paradojas de la vida, conmemora el día en que conoció a su marido, aunque asegura que hasta el día de hoy vive con una "hipersensibilidad constante", pues "sigo con postrauma, terapia. Esos hechos no te permiten tener una vida normal", concluye.

Ninguno de los siete jueces que intervinieron en la causa del ataque a la AMIA ha emitido condena en un proceso sumido en la confusión y los retrasos, la última vez por la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien había elevado sospechas de encubrimiento en las más altas esferas políticas del país.

El Gobierno de Macri ha expresado su intención de impulsar la investigación y decidió no apelar el fallo judicial que declaraba inconstitucional el controvertido "Memorando de Entendimiento" con Irán, rubricado por el anterior Ejecutivo de Cristina Fernández. Tal pacto, que quedó definitivamente derogado, planteaba la creación de una "Comisión de la Verdad" junto con Teherán que supuestamente investigaría el atentado, lo que Israel y círculos comunitarios judíos argentinos consideraron en su momento la puntilla final a una investigación aún por terminar.