En su informe anual, la entidad denuncia el "profundo nivel de impunidad" en los países de la región.

América Latina sufre una "falta de justicia histórica" que permite que Estados y criminales perpetren con impunidad crímenes contra los derechos humanos, señaló a la agencia Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara.

"Lo más preocupante en la región es el profundo nivel de impunidad que existe en cada uno de los países. Es un legado que hemos ido acumulando a través de los años y que hoy en día se refleja en sistemas de justicia debilitados, sin capacidad de proteger a los ciudadanos y ciudadanas", expresó Guevara en la sede de la organización en Londres.

Conmoción por Ayotzinapa. En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo durante 2014, Amnistía Internacional subraya el asesinato de 43 estudiantes en México el pasado septiembre, que "no solo ha conmocionado a la sociedad mexicana, sino al planeta", describió esta representante.

"Resulta impactante que hasta el día de hoy nadie ha sido llevado ante la justicia y acusado por los graves delitos contra esos estudiantes. Ese extremo refleja la realidad crítica que vive el país en materia de derechos humanos", dijo Guevara.

La experta de la organización humanitaria destacó además las desigualdades sociales y económicas que alimentan los conflictos y la violencia en el continente suramericano.

"Esa brecha tan agresiva entre pobres y ricos, en un contexto de corrupción e impunidad, lleva a la gente a salir a la calle para pedir a los estados que rindan cuentas y protejan sus derechos fundamentales", explicó.

Lejos de encontrar respuesta a sus demandas, la población encuentra "una contestación opresiva por parte de sus estados y violencia por parte de las fuerzas del orden público, ya sean policías o militares", dijo Guevara.

Represión en Brasil. Entre las situaciones en las que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de protestas ciudadanas en 2014, la responsable de AI citó los casos de Brasil, durante las manifestaciones con motivo de la Copa del Mundo de fútbol, y Venezuela, en las marchas políticas a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Respecto a Brasil, que en 2016 acogerá los Juegos Olímpicos, Amnistía subraya que el Gobierno debe aclarar las denuncias sobre detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas que se produjeron a raíz de las manifestaciones de este año.

"El Gobierno brasileño tiene mucho que aprender en vista de la respuesta militarizada que dio a las protestas. Tiene que garantizar el espacio democrático y la libertad de expresión", argumentó Guevara.

Según una encuesta que divulgó Amnistía Internacional este año, un 65 % de los brasileños teme ser detenido porque cree que podría ser torturado, un dato que "refleja cómo las sociedades permiten la tortura y la normalizan".

Déficit democrático en Venezuela. La directora de AI se refirió además a Venezuela como uno de los ejemplos paradigmáticos de "reducción de espacio democrático" que se da en numerosos países de América Latina.

En Caracas "parece que no hay espacio para la oposición, para la crítica frente a las políticas del Gobierno. En los últimos meses, hemos visto una serie de detenciones políticamente motivadas, como la del líder opositor Leopoldo López, del que hemos pedido claramente la liberación", señaló.

"El Gobierno de Venezuela tiene que garantizar el Estado de derecho. Tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser respetadas y debe someterse a las recomendaciones de órganos como las Naciones Unidas", dijo Guevara, que lamentó la "falta de voluntad" del Ejecutivo de Maduro para cumplir esas pautas.

Respecto a la práctica de la tortura en el continente, la directora de AI celebró que en América Latina y el Caribe se han hecho "grandes avances en las últimas décadas".
"Hoy en día no nos encontramos situaciones en las que la tortura sea una práctica sistematizada", afirmó, si bien subrayó que en México, Brasil y Venezuela sí continúa siendo "generalizada en el contexto de las manifestaciones".

Es una "práctica permitida" por esos estados, dado que "no la previenen ni la sancionan, no envían una señal clara de que la tortura es un delito grave contra los derechos humanos. Es su responsabilidad prevenirla y responder frente a los casos que se producen", afirmó.