Amnistía Internacional demandó al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos de Gran Bretaña.

Amnistía Internacional (AI) informó este viernes que ha demandado al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o Tribunal de Estrasburgo), por los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos del Reino Unido.

La base de la acción judicial, a la que se han sumado también los grupos Liberty y Privacy International, radica en las revelaciones de Edward Snowden, el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) que puso de manifiesto el alcance del espionaje masivo desarrollado por Estados Unidos y el Reino Unido.

"Se ha permitido durante demasiado tiempo que continúen sin consecuencias y a una escala sin precedentes las prácticas de vigilancia del gobierno británico, con graves consecuencias para la privacidad de las personas y la libertad de expresión", afirmó hoy en un comunicado el experto legal de AI Nick Williams.

"Nadie está por encima de la ley". El activista reiteró que "nadie" está por encima de la ley, y dijo que el TEDH "tiene ahora la oportunidad de dejarlo claro". AI, Liberty y Privacy International han llevado este caso a Estrasburgo después de que el pasado febrero el Tribunal de Poderes de Investigación británico (IPT, en inglés) asegurara que las actividades del centro de escuchas británico, conocido por sus siglas GCHQ, y los servicios secretos son ahora respetuosas con los derechos humanos.

El IPT, que celebró varias de sus vistas a puerta cerrada y en secreto, recordó que el GCHQ llevó a cabo antes de diciembre de 2014 programas de vigilancia masiva en internet ilegales, pero destacó que Londres introdujo después ciertas salvaguardas que legalizaron el intercambio de información entre agencias de espionaje y respetan los derechos humanos. "Es ridículo el hecho de que el gobierno haya permitido al IPT analizar políticas y prácticas secretas a puerta cerrada para demostrar que esas son legales y transparentes", reiteró este viernes Williams.

En la demanda, las tres organizaciones arguyen que la legislación británica respecto a la interceptación de comunicaciones y su intercambio con otras agencias de inteligencia extranjeras viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y contraviene los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos.