El número de condenas a muerte dictadas, sin embargo, creció en todo el mundo en 2014 a 2.466 casos, denuncia AI. Ningún país de América Latina, con excepción de Cuba y Guatemala, contempla la pena de muerte.
En 2014, “Amnistía Internacional registró ejecuciones en 22 países, una cifra menor que en el año anterior”, revela a DW Chiara San Giorgio, de Amnistía Internacional, con sede en Londres. Según el reporte de AI sobre la pena de muerte en 2014, publicado este 1° de abril, “se llevaron a cabo al menos 607 ejecuciones en todo el mundo, lo que supone una disminución de casi el 22%, con respecto a 2013”. Como en años anteriores, esta cifra no incluye un número desconocido de personas ejecutadas en China, aunque se cree que son miles.
“En todo caso, según los datos de AI, el año pasado se condenó a muerte a 2.466 personas en el mundo, lo que representa un incremento del 28% en comparación con 2013”, agrega San Giorgio. El incremento se debió, en gran medida, al fuerte aumento de las condenas a muerte registradas en Egipto y Nigeria, donde los tribunales también impusieron condenas colectivas a decenas de personas, a menudo, acusadas de pertenecer a grupos islámicos que buscan atentar contra el orden estatal.
Venezuela ejemplar, Cuba de condenar. “El único actual ejecutor de la pena de muerte en el continente americano sigue siendo Estados Unidos”, dice a DW Chiara San Giorgio, del equipo de expertos sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional. “Aunque no hay que olvidar que en dos países de habla hispana, como Cuba y Guatemala, la pena de muerte aún es ley vigente”, recuerda San Giorgio.
“Venezuela fue el primer país del mundo que abolió la pena de muerte”, apunta Chiara San Giorgio resaltando el espíritu abolicionista de la mayoría de los países latinoamericanos. Bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón, en 1863, el Estado venezolano la incluyó en un decreto de garantías que luego fue adoptado en la Constitución de 1864. Desde Caracas, se lanzó entonces un grito por las libertades personales y el respeto a la vida.
No todo vale para llegar a Miami. En Cuba, tras la invasión de Bahía de Cochinos, “se sanciona oficialmente con pena de muerte a quienes infiltren o invadan el territorio nacional o pertenezcan a un grupo armado con fines contrarrevolucionarios”. Así, desde 1959, casi todos los años se han ejecutado personas en esa isla caribeña. El último caso reportado, en 2003, fue el de 3 hombres que secuestraron un barco para llegar a Miami, capturados y posteriormente condenados al paredón.
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En Guatemala, se supone que unos 20 condenados a muerte esperan ser indultados. Aunque las dos últimas ejecuciones tuvieron lugar en el año 2000, ésta sigue figurando en el Código Penal. Álvaro Colóm Caballero, presidente de Guatemala entre 2018 y 2012, la vetó por “contradecir el derecho a la vida del reo y los compromisos firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Un triunfo del trabajo de Amnistía Internacional que se dirigió en esa ocasión directamente a los políticos centroamericanos.
Oficialmente, “también en países americanos de habla inglesa se mantiene la pena de muerte como en Bahamas, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y otras pequeñas islas de las Antillas”, agrega Chiara San Giorgio.
Ejecuciones extrajudiciales: entre dictadores, indígenas, guerrilleros y narcos. Amnistía Internacional también recuerda que además, en Bolivia y Perú, algunas comunidades indígenas siguen ejecutando, al margen de la ley, a presuntos o probados criminales. El historial de ejecuciones extrajudiciales en América Latina viene desde las dictaduras militares o cívico-militares del siglo XX cuando, por lo general, se ajustició a los opositores del régimen de turno. Se trata de crímenes de lesa humanidad que, en su mayor parte, aún siguen impunes, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por guerrillas en Colombia, y las mafias del narcotráfico en México.
“No importa cual sea el delito, la pena capital no es la solución”, recalca Chiara San Giorgio, quien apela a todos los gobiernos del continente americano a fortalecer la Justicia para acabar con la impunidad y así combatir la creencia de que solo con la pena de muerte se acaba el crimen”.
San Giorgio apunta a la recurrente petición de grandes capas de las sociedades latinoamericanas que después de un crimen atroz piden la implementación o el restablecimiento de la pena de muerte. Chiara San Giorgio, de Amnistía Internacional, urge, por ello a “educar para aprender a respetar la vida”.
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