A cuatro años del hecho, la verdad detrás de la masacre de Tamaulipas no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia, mientras la identificación de todos los restos también sigue pendiente, pues aún quedan once cuerpos sin identificar.

Amnistía Internacional (AI) señaló este viernes que la justicia sigue pendiente en el caso de la matanza de 72 migrantes perpetrada hace cuatro años en el estado mexicano de Tamaulipas e hizo un "urgente y enérgico llamado" a esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los indocumentados.

La organización defensora de los derechos humanos recordó que 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 por miembros del crimen organizado "con la aparente colusión de policías locales" en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Desde entonces, "las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México".

La verdad detrás de la masacre no ha sido esclarecida ni los responsables respondido ante la justicia, mientras la identificación de todos los restos también sigue pendiente, pues aún quedan once cuerpos sin reconocer.

A los pocos días de haberse encontrado los cadáveres, "el Gobierno federal anunció que pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de migrantes", subrayó AI.

No obstante, entre abril y mayo de 2011 se volvieron a hallar 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en San Fernando, entre los que había cuerpos de migrantes mexicanos y de otros países, "pero tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos, y hay más de 150 cuerpos sin identificar".

"La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave", apuntó Amnistía, y recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en diciembre pasado una recomendación en relación a la matanza de San Fernando.

La CNDH pide garantizar los derechos de los migrantes, pero "no califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrece una explicación sobre lo ocurrido, no toma en cuenta a las víctimas ni a sus familiares, ni otorga una reparación integral del daño", lamentó.

También mencionó el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresa preocupación por la falta de asistencia del Estado mexicano a los familiares de migrantes desaparecidos y la falta de una metodología adecuada para la identificación de cadáveres.

Por ello, AI hizo un llamado "urgente y enérgico" a las autoridades federales y estatales cumplan las "recomendaciones de la CIDH" y esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando, otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas".

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México ordenó a la fiscalía hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando relacionados con la muerte de los 72 migrantes.

Al responder a una solicitud de información de un particular, la fiscalía argumentó que ésta se encontraba reservada por 12 años por formar parte de una investigación.

Sin embargo, al analizar el caso, el IFAI revocó dicha respuesta porque se trata de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos y existe el interés de la sociedad de conocer las diligencias realizadas para la sanción de los responsables.