Desde julio de 1971, los gobiernos de turno han fallado en su intento por erradicar el flagelo del secuestro en Colombia.

Un lejano día de febrero de 1933, el país se conmovió con la noticia sobre el rapto de la niña Elisa Eder Caicedo, hija del gerente del ingenio azucarero La Manuelita, Harold Eder. Este fue uno de los primeros secuestros reseñados por la prensa nacional, sin que se tenga certeza aún cuándo empezó el horror de ese flagelo en Colombia.

Lo que sí es seguro es que de mano de la génesis de múltiples organizaciones guerrilleras y de contrainsurgencia, en la segunda mitad de la década de los años 60, este delito empezó a expandirse y a inquietar a la sociedad colombiana. Y son ya cinco décadas en las que guerrilleros, paramilitares, narcotráfico, delincuencia común y hasta algunos corruptos integrantes de la Fuerza Pública, han azotado al país con este asalto a la libertad personal.

En ese lapso, el secuestro fue usado, primero, como método de financiación de organizaciones insurgentes o bandas de delincuencia común y, con el paso del tiempo, como multiplicador de un conflicto que no cesa.

Hacia julio de 1971, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, en respuesta a una nueva ola de retenciones ilegales con propósitos económicos, fue creado el “Comité Antieextorsión y Antiesecuestro”, que neutralizó muchos secuestros, pero no lograron evitar otros con fatales desenlaces.

El gobierno de Alfonso López Michelsen reaccionó como su antecesor. Al amparo de la declaratoria del Estado de Sitio, aumentó las penas a los secuestradores y fortaleció los mecanismos de investigación judicial, pero las medidas de excepción no hicieron mella en las guerrillas ni en las bandas delincuenciales.

El 28 de marzo de 1984 fue suscrito el denominado Acuerdo de la Uribe (Meta), que formalizó el cuestionado cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y logró que por primera vez las Farc reconocieran la necesidad de erradicar el secuestro como una acción de lucha. El 23 y 24 de agosto de ese año, en sendos acuerdos de cese al fuego entre el gobierno y las guerrillas del M-19 y el Epl, quedó también prescrito que ambas organizaciones quedaban comprometidas “a no retener ni constreñir a otros para obtener provecho”. En su momento estos acuerdos constituyeron esperanza social. Pero todo se vino abajo, regresaron los ataques, las extorsiones, los secuestros, y el 6 y 7 de noviembre de 1985 fue todo horror en el Palacio de Justicia.

Desde junio de 1991, en Caracas (Venezuela) y luego en Tlaxcala (México), el gobierno de César Gaviria emprendió diálogos de paz con las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, que fracasaron en marzo de 1992, al conocerse que el exministro de Obras Argelino Durán Quintero, secuestrado dos meses antes en Ocaña (Norte de Santander) por el Epl, había fallecido en cautiverio.

Y después de los tiempos palaciegos de César Gaviria, llegaron los días de poder de Ernesto Samper, quien en la primera semana de septiembre de 1997, a través de sus comisionados José Noé Ríos y Daniel García-Peña, hizo público un documento con fórmulas de paz que no tuvieron éxito.

Entonces, el país se enrumbó en un trance difícil para las Fuerzas Militares que empezó el 21 de diciembre en el cerro de Patascoy (Nariño) con la retención de 35 soldados, en un ataque en el que perdieron la vida 22 uniformados, y siguió creciendo hasta el final del cuatrienio Samper y las primeras semanas del gobierno Pastrana. En marzo, en la quebrada El Billar en el Caguán; en agosto, en la base antinarcóticos de Miraflores (Guaviare); en noviembre, en Mitú, sitiada por las Farc, pero recuperada por la Fuerza Aérea.

En pocos meses, la guerrilla llegó a tener casi 500 oficiales, suboficiales, soldados y policías retenidos. Y los ofreció en canje por sus compañeros de armas recluidos en las cárceles de Colombia. Lo oficializó el 21 de agosto de 1998 el propio comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez. Lo que vino después Colombia aún lo recuerda: para adelantar conversaciones de paz, el gobierno Pastrana autorizó el despeje de 42.000 kilómetros cuadrados en una zona entre los departamentos del Caquetá y el Meta.

El experimento terminó convertido en una cronología de interrumpidos diálogos, la mayoría de veces congelados por situaciones relacionadas con el secuestro. Como en abril de 1999, apenas dos meses después de la silla vacía en la instalación del proceso de paz entre las Farc y la administración Pastrana, porque el mundo quedó aterrado cuando se conoció del secuestro y asesinato de tres líderes indigenistas norteamericanos en la frontera con Venezuela. Las Farc reconocieron su autoría y ofrecieron castigos que no cumplieron.

Ahora, los colombianos esperan que esa guerrilla sí cumpla su nueva promesa de liberar a los secuestrados que aún tienen en su poder.