Haber otorgado el asilo al fundador de WikiLeaks puede posicionar al gobierno ecuatoriano como un defensor de los derechos humanos y un defensor de la prensa, con quien ha mantenido una dura confrontación.

La petición de asilo al Ecuador hecha por Julian Assange le permite al gobierno del presidente Correa posicionar al menos tres temas que han sido parte del discurso de su política exterior y doméstica.

En primer lugar el mandatario ecuatoriano puede exhibir una imagen sustentable de defensor de los Derechos Humanos, alrededor de la protección de alguien que es percibido por muchísimas personas a nivel global, como un campeón de la transparencia, la libertad de información, perseguido por poderosos actores políticos internacionales.

En segundo lugar, Correa puede construir una imagen –internacional también- que neutraliza el estigma de intolerancia generado a partir de su durísima confrontación con los medios privados de comunicación ecuatorianos, cosa que bien le hace falta pues aunque esa batalla por el sentido y los significados la ha ganado largamente el gobierno del Ecuador a los medios en su país, fuera de las fronteras del Estado, su imagen se ha visto seriamente golpeada. Finalmente, el presidente de una república pequeña, encuentra una tribuna de comunicación global de amplia resonancia, dada la naturaleza del tema y la articulación de política, tecnología y moral que lo connota, lo que le permite exhibirse como una personalidad regional.

El asilo, en el caso de Assange, como en cualquier otro, es un tema básicamente político. Las victorias y derrotas de los protagonistas son siempre simbólicas pero tienen una fuerza extraordinaria. No hay Estado que deje de argumentar cuando una solicitud de asilo es procesada, que la detención o persecución de una persona se desarrolla dentro de los cánones legales y el procedimiento que establecen las leyes de su país.

El Estado que concede el asilo es quien determina, finalmente, si esa legalidad se sustenta en hechos o si es usada para resolver un conflicto político. Jamás los gobiernos del Cono Sur o de Centro América, en su momento, o los estados autoritarios asiáticos han reconocido persecución política a las personas que se han asilado; normalmente el argumento que se usa es el de la transgresión de una norma penal. Este caso no es diferente al resto, con la particularidad de que el perfume político que rodea a la judicialización de Assange es percibido por millones sobre todo de jóvenes, como más que evidente.

* Por Adrián Bonilla, Profesor de la Facultad de Estudios Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador.