"En Chile es impensable llevar a cabo lo que hizo Colombia, es decir, renunciar a los acuerdos internacionales, aspecto que es positivo para el Perú, desde el punto de vista del mensaje que se entrega", explicó el académico de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete.

“La posición de Chile es muy sencilla y muy sólida”, afirmó taxativo este miércoles el canciller chileno, Alfredo Moreno, luego que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la disputa entre Nicaragua y Colombia -donde éste último país se vio afectado por la decisión de La Haya-, el gobierno de Juan Manuel Santos decidiera retirarse del Pacto de Bogotá, que le concede jurisdicción a esta corte para dirimir conflictos limítrofes entre las naciones que adhieren a ese tratado.

El anuncio, que de inmediato generó interrogantes sobre si Colombia acatará el fallo que la despojó de los derechos en aguas, y que ahora pertenecen a Nicaragua, también agitó aún más la escena política chilena, la que transversalmente ha leído el fallo colombo-nicaragüense como "salomónico", lo que a juicio de los ex presidentes chilenos Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, podría ser la antesala de un fallo adverso para Chile en su disputa con el Perú.

El académico de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete, entiende la inquietud chilena, porque a su juicio "nadie estaba preparado para la decisión de la corte respecto del diferendo entre Colombia y Nicaragua".

"Este concepto 'salomónico' o el concepto de la ley de la orden del número, donde se reparte 50 y 50, y por tanto, se busca el equilibrio, obviamente es complejo para responder la consulta final", explicó, ya que "este fallo salomónico complejiza la postura de Chile; de hecho, se podría decir que es una mala noticia para el país".

Respecto de la posibilidad de que Chile pudiera seguir los pasos de Colombia, de ser perjudicado en La Haya el próximo año, Navarrete es positivo, ya que considera férrea la tradición al apego al derecho internacional. "En Chile es impensable llevar a cabo lo que hace Colombia, es decir, renunciar a los acuerdos internacionales, aspecto que es positivo para el Perú, desde el punto de vista del mensaje que se entrega", advirtió.

Por lo anterior, para Navarrete la pregunta que debe responder el Estado de Chile es: "¿la Cancillería y los actores políticos están dimensionando lo que se está haciendo en La Haya, ¿no se requerirá un poco más de política?", considerando que la resolución final de La Haya se dará a conocer en época electoral.

Tradición arraigada. Por su parte, el analista internacional Guillermo Holzmann afirmó que si Chile decidiera no acatar un fallo adverso, "el costo político podría ser aún más alto que en Colombia", esto ya que el gobierno de Piñera ha señalado su irrestrícto apego a las resoluciones del derecho internacional. En el caso colombiano, en cambio, la decisión de abandonar el Pacto de Bogotá tiene implicancias más bien políticas.

"El país comienza a perder credibilidad en el sistema internacional y deberá buscar nuevas formulas para entablar relaciones con Nicaragua, lo cual generará implicancias a nivel regional, en una zona que está trabajando constantemente por la paz", detalló.

Al mismo tiempo, a juicio de Holzmann el principal problema que se presentará para el gobierno de Juan Manuel Santos será enfrentar el costo político interno de su decisión, toda vez que las autoridades y su diplomacia esperaban transversalmente un fallo positivo por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Gilberto Aranda, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, también coincidió con Navarrete y Holzmann: "uno de los principios de Chile en política exterior es el respeto a los fallos internacionales; si el país desconociera cualquier tipo de fallo posterior significaría interrumpir una tradición bastante arraigada".

En este sentido, el académico sitúa de ejemplo el fallo de 1994 sobre Laguna del Desierto, donde se perdió todo y se respetó la decisión que favoreció a Argentina.

Recomienda eso sí: "si Chile no quiere llegar a instancias internacionales que impliquen fallos, tendrá que potenciar las fases previas de negociación bilateral", concluyó Aranda.