El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Suiza, evaluará si el Estado ecuatoriano implementó las diez recomendaciones que le hizo hace cuatro años.

Ecuador se someterá este lunes al escrutinio de la comunidad internacional en materia de derechos humanos (DD.HH.) con visiones contrapuestas sobre su cumplimento.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Suiza, evaluará si el Estado ecuatoriano implementó las diez recomendaciones que le hizo hace cuatro años, en la sesión que ese organismo celebró en el 2008.

El Estado responderá desde tres perspectivas: la del Gobierno nacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que funciona en Quito, y la sociedad civil.

Cada sector envió su informe al Consejo a inicios de marzo pasado y cada uno enfoca el tema desde versiones distintas.

El reporte del régimen destaca que hay avances y transformaciones sociales e incluso nuevos derechos. Los otros enumeran casos que evidencian que el Estado aún incumple algunas garantías.

El informe del Acnudh concentra sus preocupaciones en tres segmentos de derechos: la vida, libertad y seguridad de la persona; los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; y la libertad de expresión, asociación y participación en la vida pública y política.

El resumen que surge desde la sociedad civil teme más por los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación; la vida, libertad y seguridad de la persona; y la administración de la justicia.

El documento del Alto Comisionado cita resoluciones y pronunciamientos que otros órganos de la ONU han dirigido al Ecuador, como la Relatoría Especial de las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Esta instancia concluyó en junio del 2011 que los homicidios en el país se habían disparado en veinte años (1990-2009) y el sicariato quedaba muchas veces impune.

El sociólogo Lautaro Ojeda explica que ciertos derechos -como el de la vida y libertad que cita el Acnudh- guardan un estrecho vínculo con la criminalidad pues a medida que esta aumenta, se afecta la potestad de la persona de tener una vida libre de amenazas.

De otra parte, el reporte con la perspectiva de la sociedad civil sintetiza las observaciones planteadas por parte de 24 instituciones, entre organismos no gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones y la Defensoría del Pueblo.

La principal preocupación de este sector es el incumplimiento del derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en la vida pública y política. El texto menciona la confrontación que hay entre el gobierno y la prensa, los casos de censura en el país y las restricciones a la labor periodística.