La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del gobierno para crear una comisión que "examinará y esclarecerá" violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988, intervalo durante el cual Brasil vio varios períodos de gobiernos autoritarios.

Brasilia. La Cámara baja de Brasil aprobó la creación de una Comisión de la Verdad, encargada de investigar abusos a los derechos humanos, incluyendo aquellos cometidos durante la dictadura militar entre 1964 y 1985.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en la noche la propuesta del gobierno para crear una comisión que "examinará y esclarecerá" violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988, intervalo durante el cual Brasil vio varios períodos de gobiernos autoritarios.

El proyecto de ley ahora pasará al Senado.

La medida representa un paso significativo en el esfuerzo por arrojar luz sobre los abusos cometidos durante la dictadura en Brasil, que hasta ahora ha evitado entrar a discutir formalmente el tema.

A diferencia de varios de sus vecinos, Brasil nunca ha sentenciado a nadie por crímenes políticos perpetrados durante el gobierno militar.

"Democracias maduras están rescatando su historia, contando su historia, porque sólo conociendo el pasado podemos construir un futuro mejor, más justo, más humano", dijo Amauri Teixeira, diputado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en la Cámara baja antes de la votación.

De acuerdo a lo estipulado por el proyecto de ley, la comisión trabajará por dos años y será compuesta por siete miembros a ser escogidos por la presidenta Dilma Rousseff.

Pese a que podrá llamar a testigos e investigar abusos cometidos tanto por militares como por guerrilleros, no tendrá poder para juzgar ni condenar a sospechosos.

Alrededor de 500 brasileños fueron asesinados o desaparecieron durante la dictadura, mientras que muchos otros, en su mayoría activistas de izquierda, fueron torturados.

Entre ellos figura Rousseff, una ex guerrillera de izquierda, quien recibió golpizas y aplicación de electricidad a comienzos de la década de 1970.

La mandataria debe firmar el proyecto para convertirlo en ley una vez que sea aprobado por el Congreso.