El Senado ha aprobado la reforma del gobierno conservador de Rajoy, que condiciona el aborto para las menores de 18 años al exigir el consentimiento de sus padres.

El Senado español aprobó definitivamente la reforma de la ley del aborto para impedir que las menores de 18 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

La modificación de la ley recibió la noche del miércoles el apoyo de 145 senadores del gobernante Partido Popular (PP) y de los nacionalistas catalanes de Unió Democrática de Cataluña, y el rechazo de 121 legisladores, entre ellos tres del PP.

Con este voto, la reforma queda aprobada por las Cortes Generales españolas y entra en vigor, después de que ya hubiera recibido luz verde por parte del Congreso de los Diputados en julio pasado.

Excepto en lo relativo a que las menores de dieciocho años no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres, la ley se mantiene igual que hasta ahora. Los críticos con la reforma advierten de que, con la modificación legislativa, las menores se podrán verse abocadas al aborto clandestino.

El PP contra la ley de plazos de Zapatero. El aborto fue despenalizado en España en 1985 durante el gobierno del socialista Felipe González, que instauró una ley de supuestos sustituida en 2010 por la vigente normativa de plazos durante el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El proyecto inicial del gobierno del PP de Mariano Rajoy preveía sustituir el aborto dentro de unos plazos por una ley de supuestos en la que las mujeres solo podían abortar legalmente en casos de violación o riesgo físico o psíquico para la madre.

Ese proyecto generó una de las mayores polémicas del gobierno de Rajoy, con manifestaciones multitudinarias en todo el país, y provocó la dimisión en septiembre de 2014 del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, después de que el jefe del Ejecutivo anunciara la retirada del proyecto para reformar la legislación en materia de aborto.

Reforma considerada "ideológica". Rajoy justificó esa retirada en la falta de consenso para llevar adelante la ley, que contó con las críticas de los colectivos de izquierdas, organizaciones profesionales y defensores de los derechos de la mujer y pretendía sustituir la actual normativa, basada en los plazos, por una de supuestos concretos. La reforma fue tildada de "ideológica" y de poner en peligro la salud de las mujeres, al modificar una legislación que, al contrario de lo defendido desde los sectores antiabortistas, ha logrado reducir el número de abortos que se llevan a cabo en España.