Iván Duque objetó por inconvenientes seis de los 159 artículos la ley sobre el funcionamiento y las competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Bogotá.- Los cambios que exige el presidente de Colombia a una ley para implementar el acuerdo de paz con las FARC tienen pocas probabilidades de ser avalados en el Congreso, y podrían marcar otra derrota política para el mandatario que tuvo como principal promesa de campaña los ajustes al pacto.

Iván Duque objetó por inconvenientes seis de los 159 artículos la ley sobre el funcionamiento y las competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La decisión enfureció a defensores del pacto y a exlíderes rebeldes que la consideran un golpe a la lenta implementación del pacto, y el primer paso de la anunciada intención del partido de Duque de hacer trizas el acuerdo de paz.

"Realmente no veo que tengan mucho futuro en el Congreso las objeciones", dijo a Reuters Carlos Antonio Lozada, senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla tras el acuerdo de paz firmado en 2016.

Duque quiere ajustar la ley de la JEP para obligar a los responsables de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos a indemnizar a las víctimas, para evitar que exlíderes rebeldes eludan la extradición, y para que reciban condenas duras de cárcel por abusos sexuales.

Pero el mandatario no tiene un sólida mayoría en el Senado de 108 escaños ni en la Cámara de Representantes de 172.

Su partido Centro Democrático solo cuenta con el respaldo del Partido Conservador y de algunos movimientos pequeños, después de que el Partido Liberal anunció que no participará en las votaciones y el derechista de la U dijo que tomará una decisión "que garantice la implementación de los acuerdos".

El partido de derecha que queda, Cambio Radical, no ha tomado una posición. Pero aún si apoyara a Duque, el oficialismo llegaría con lo justo a la mayoría de 55 en Senado y de 86 en la Cámara de Representantes, frente a una izquierda que se presentará unida con unos 40 legisladores en las dos cámaras.

"Es humo y un sofisma de distracción porque es poco probable que se apruebe", dijo el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora de riesgo político con sede en Bogotá.

Duque no logró en el periodo legislativo previo la aprobación de reformas políticas ni al sistema de justicia que propuso en su campaña. La ley de financiamiento que impulsó su gobierno fue autorizada parcialmente y solo consiguió alrededor de la mitad de los recursos que originalmente buscaba.

Una cuestión de principios.  Si las dos cámaras rechazan los cambios, el presidente no tendrá más opción que sancionar la ley original. Pero si al menos una de las dos los apoya, Duque podría lograr su cometido.

"Los votos los tiene difíciles, no está fácil el panorama y podría apuntarse una derrota el presidente", dijo un congresista del Partido de la U que habló bajo la condición de anonimato.

El gobierno insiste en que las objeciones presentadas por Duque -una facultad y un derecho que tiene el mandatario- buscan garantizar la justicia y la reparación a las víctimas.

"La decisión que tomó el presidente no fue con cálculos de cuántos votos tiene en una cámara o en la otra. El presidente toma decisiones con fundamentos en principios", dijo Francisco Barbosa, consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales.

Para dirigentes de la FARC, la decisión de Duque podría llevar a excombatientes a regresar a la lucha armada, tirando por la borda la negociación de casi cinco años que mantuvieron con el gobierno de Juan Manuel Santos y que permitió acabar en parte con un largo conflicto que ha dejado 260.000 muertos.

"Violar el cumplimiento de los pactos puede conducir a situaciones muy peligrosas", dijo el senador de la FARC, Pablo Catatumbo. El acuerdo permitió que 13.000 integrantes de las FARC, incluidos casi 7.000 combatientes, se reintegraran a una sociedad divida entre quienes apoyan el pacto y los que quieren ver a los exguerrilleros tras las rejas.

Según los líderes de la FARC, la decisión de Duque de objetar la ley de la JEP envía un mal mensaje a otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), erosionando en un futuro la confianza en el gobierno para sentarse a negociar un fin total de la confrontación.

"La intención de cambiar la JEP es un mal precedente y nadie va a querer entrar en tratos con un Estado que no cumple lo que firma", aseguró el senador Lozada de la FARC.