Las expectativas son que la Cámara baja convierta en ley la nacionalización de la mayor empresa argentina el jueves, después de dos días de maratónicas sesiones en las cuales decenas de diputados oficialistas y opositores darán discursos de apoyo a la medida.
Buenos Aires. El pleno de la Cámara de Diputados argentina comenzará a tratar el miércoles la expropiación del 51% de la petrolera YPF en manos de la española Repsol, que se espera sea aprobada por una gran mayoría.
Las expectativas son que la Cámara baja convierta en ley la nacionalización de la mayor empresa argentina el jueves, después de dos días de maratónicas sesiones en las cuales decenas de diputados oficialistas y opositores darán discursos de apoyo a la medida.
El Senado aprobó la semana pasada la propuesta de la presidenta Cristina Fernández que abrió una crisis diplomática con Madrid y la Unión Europea, y que tensó aún más la relación con los inversores internacionales que critican las políticas intervencionistas del Gobierno argentino.
"Estimamos que alrededor de los 200 votos va haber, lo cual nos permite superar ampliamente los dos tercios de la Cámara y muestra claramente el nivel de consenso que tiene esta iniciativa," dijo a una radio el diputado Agustín Rossi, líder oficialista en la Cámara baja.
La nacionalización de YPF, que fue privatizada en la década de los 90, cuenta con el respaldo de gran parte de los argentinos, que culpan a las políticas de libre mercado de la crisis económica de hace una década.
Se espera que el pleno del cuerpo legislativo vote la expropiación en la noche del jueves.
Apenas dos grupos de diputados, peronistas contrarios a las políticas intervencionistas del Gobierno y legisladores de orientación liberal reunidos en el pequeño partido de centroderecha PRO -que gobierna la capital argentina-, se opondrán a la expropiación.
"No queremos convalidar el desastre energético que ha hecho el kirchnerismo; para que tengan una idea nos quedan solo cinco años de reservas de gas y petróleo," dijo el legislador Eduardo Amadeo, del llamado peronismo disidente.
El Gobierno culpa a Repsol de que YPF no haya invertido lo suficiente para frenar la bajada de las reservas y la producción de hidrocarburos en el país debido a un agresivo reparto de dividendos entre accionistas.
Expertos del sector petrolero sostienen, en tanto, que el sistema argentino de precios regulados desincentiva desde hace años las inversiones en exploración.
La economía del país ha crecido a altas tasas desde el 2003, excepto en el 2009, pero la provisión de combustibles se ve afectada por una intermitente escasez.
La industria suele sufrir cortes en la provisión de gas durante el invierno austral para privilegiar la calefacción de hogares.
Repsol, que ingresó como accionista de YPF a fines de la década de 1990, reclama una compensación de 9.000 millones de dólares por el 51% de la empresa argentina, que fue puesta bajo intervención estatal.
El gobierno argentino ha dicho que no pagará esa cantidad.
España consideró la expropiación como un atentado a sus intereses y anunció represalias legales y comerciales, como la restricción ya oficializada a las importaciones de biodiésel de origen argentino.
YPF fue estatal durante 70 años hasta su privatización parcial en 1992. En 1999 Repsol entró a la empresa comprando una mayoría de sus acciones.
