El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, puso énfasis en la “indignidad” demostrada por Otilio Roque Romano, juez acusado de violaciones a los DD.HH., al viajar a Chile, donde se le concedió una visa provisoria por ocho meses.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, reclamó la remoción del cuestionado camarista mendocino Otilio Roque Romano, a quien calificó como “funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado”.

Ordiales efectuó este jueves su alegato en el juicio político que puede culminar con la destitución de Romano y acusó al suspendido camarista de “facilitador de la impunidad de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura militar.

"Deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia”, afirmó el acusador, quien añadió que Romano “en todo momento mostró su absoluto desprecio por los Derechos Humanos y la ley”.

“Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” fue finalmente el cargo por el cual Ordiales quien junto al diputado Carlos “Cuto” Moreno representan al Consejo de la Magistratura en la acusación- solicitó la remoción del camarista por su complicidad con la dictadura.

Romano evidenció, para el acusador, una “omisión deliberada, sistemática y prolongada en el tiempo de investigar las denuncias” por gravísimas violaciones a los derechos humanos que recibió, entre 1975 y 1983 cuando aún era fiscal federal.

Ordiales también puso énfasis en la “indignidad” demostrada por el suspendido camarista al “fugarse” del país el 24 de agosto de este año, cuando el Consejo de la Magistratura disponía su suspensión, para viajar a Chile donde se le concedió una visa provisoria por ocho meses.

En su alegato, Ordiales fue desgranando los distintos testimonios que acreditaron que el entonces fiscal “nunca investigó” las denuncias efectuadas por las víctimas del terrorismo de Estado, entre las que había relatos de torturas, vejaciones y hasta la violación de una prisionera de escasos 17 años.

El letrado recordó los dichos de un testigo que narró que “era ‘vox populi’ que Romano presenció sesiones de torturas” y que tomaba declaraciones indagatorias en los centros clandestinos de detención y en unidades militares a quienes se hallaban allí cautivos ilegítimamente, algunos de los cuales permanecían “vendados, atados o de espaldas”.

“Desde su privilegiada situación de fiscal tuvo conocimiento directo de las denuncias y jamás investigó”, dijo Ordiales, quien reiteró que, desde su función, el cuestionado camarista suspendido fue “funcional al terrorismo de Estado”.

Citó definiciones de expertos juristas que sostienen que “es tan grave perseguir a un inocente como dejar de perseguir a un culpable”, tal como habría hecho “en forma sistemática” mostrando complicidad con los represores y evidenciando su “falta de idoneidad y vocación democrática” que lo hacen, para la acusación, merecedor de la remoción.

El representante del Poder Ejecutivo también minimizó el que luego sería uno de los argumentos de la defensa, en cuanto a que su ascenso de fiscal a camarista federal fue aprobado, en 1993, por el Senado de la Nación en plena democracia y sostuvo que los parlamentarios “no tenían conocimiento de estos hechos aberrantes”.

Basó su conclusión en declaraciones de los ex senadores nacionales Ricardo Laferriere y Alicia Saadi, ambos ex titulares de la comisión de acuerdo de la Cámara Alta quienes coincidieron en declarar ante el “jury” que no existían impugnaciones al pliego de Romano porque esos hechos no se conocían.

Recién tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, se recibieron las denuncias que involucraban a Romano y el ex juez federal de Mendoza Luis Miret destituido en el mes de marzo último por los mismos hechos que ahora afronta Romano.

Tras los alegatos de las partes, los integrantes del “jury” se retiraron a deliberar para el dictado del veredicto que, se estima, podría conocerse a mediados del mes de diciembre, pese a que el plazo de 180 días que tiene el jurado para expedirse recién vence en febrero de 2012.

En este juicio político el jurado está presidido por la jueza María Alicia Noli e integrado su colega María Susana Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade, en representación de los letrados matriculados.