El acuerdo entre el Gobierno argentino y las organizaciones sociales significa una inversión de 25.000 millones de pesos (US$1.615,3 millones) para los próximos dos años que se podrá incrementar hasta 5.000 millones más (unos US$323 millones) durante el tercer año, informaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.
Eso significará una inversión inicial de casi dos millones de dólares para luchar contra pobreza y desempleo, dijeron el miércoles (23.11.2016) fuentes oficiales. Este acuerdo llegó tras una reunión en la que participaron la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el titular del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El acta del convenio indica que se declarará la emergencia social hasta diciembre del 2019, lo que significa una inversión de 25.000 millones de pesos (US$1.615,3 millones) para los próximos dos años que se podrá incrementar hasta 5.000 millones más (unos US$323 millones) durante el tercer año, informaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.
Medidas sociales y creación de empleo. Esta partida se destinará a implementar medidas sociales para las personas que viven por debajo de la línea de pobreza y para fomentar la creación de empleo.
Otro punto del acuerdo es la creación del Consejo Social del Salario, una institución que discutirá un complemento salarial para los trabajadores de la "economía popular", además de crear un registro nacional de los trabajadores que se dedican a ese sector.
El último punto suscrito por las dos partes firmantes es "garantizar la paz social".
Levantan marcha al Congreso. Debido a este acuerdo, las organizaciones sociales decidieron levantar la marcha prevista para este jueves al Congreso para reclamar la votación de la ley, cuyo debate se realizará en sesiones extraordinarias, donde se le efectuarán modificaciones al proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
El secretario de política social del Movimiento Evita, Gildo Honorato, consideró en declaraciones a Efe que es un acuerdo "trabajado y logrado" por los movimientos populares participantes de las últimas movilizaciones, que han conseguido ser "un elemento desestabilizador".
"Es un gran paso en el proceso de dignificación en el que los trabajadores de la economía popular han sido protagonistas y un reconocimiento para seguir avanzando hacia mayores niveles de dignidad", valoró Honorato.
El también miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) consideró que aprobar esta ley puede "crear instituciones para los trabajadores de la economía popular, que son los que peor lo están pasando".
El proyecto de ley que recibió la media sanción de la Cámara Alta la semana pasada disponía un aumento del 15 % en el pago de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo que paga el Estado.
Además, planteaba la creación de un millón de puestos de trabajo y un Consejo de la Economía Popular para que intervenga en la fijación de un salario social complementario.
Desde el Gobierno nacional había una fuerte resistencia a la ley, ya que advertían que la implementación tendría un coste fiscal de alrededor de 50.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).
