Un grupo de empresarios estadounidenses le entregó un informe a Obama en el que decían que "Argentina no se está comportando como corresponde a un miembro del G20, ni como un país de relevancia dentro de la Organización Mundial del Comercio".

¿Qué tan desesperado está el gobierno argentino por frenar el flujo de salida de dólares? Si la forma de medirlo es la disposición a pelearse con países socios, entonces la conclusión es que la desesperación es alta.

A los consabidos choques con los países del Mercosur, y particularmente con Brasil -cuyas compras explican en gran medida el boom de industrias argentinas como la automotriz-, ahora se suman otras naciones de peso tanto en lo económico como en la relación estratégica.

Esta semana se conoció un informe elevado al gobierno de Estados Unidos por las cámaras de comerciantes e industriales de ese país que exportan mercaderías hacia el mercado argentino.

Tras describir cómo los nuevos mecanismos de controles a las importaciones tornan incierta y onerosa la operativa de comercio exterior, y cómo si alguien protesta obtiene como respuesta una trato más duro aún, el informe de estos empresarios a los asesores de Barack Obama incluye una frase lapidaria: "Argentina no se está comportando como corresponde a un miembro del G20 ni como un país de relevancia dentro de la Organización Mundial del Comercio".

Al mismo tiempo, la relación se está tensando con España, como consecuencia del hostigamiento que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está realizando sobre la petrolera Repsol, principal accionista de YPF, la empresa energética nacional privatizada en la década de 1990. La presidenta está indignada con sus hasta hace poco tiempo amigos españoles, porque culpa directamente a esa empresa de haber empeorado la balanza comercial argentina al no producir petróleo y gas en las cantidades a las que podría hacerlo.

Para la mandataria, haber tenido que importar US$ 9.000 millones por concepto de combustibles en 2011 fue la prueba de un daño inflingido al país. Y de nada valió el hecho de que las autoridades de YPF hayan difundido cifras que indican niveles de inversión récord, con un incremento de 50% respecto del año anterior. Lo que irrita especialmente al gobierno es que la petrolera haya seguido, en medio de una verdadera crisis energética del país, repartiendo dividendos y remesándolos a su casa matriz.

El enojo llegó al extremo de que Cristina Fernández se negó a recibir al máximo ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, quien estuvo una semana en Buenos Aires tratando de resolver el problema y solo consiguió amenazas y un multa de US$ 8 millones.

Nadie cree que el gobierno argentino llegue al extremo de reestatizar la compañía. Sería oneroso desde el punto de vista fiscal y nocivo desde el punto de vista diplomático, pero sí se está mencionando con insistencia la posibilidad de que la empresa pierda concesiones para explotar yacimientos, que legalmente pertenecen a las provincias.

Mientras acumula tensiones en todos esos frentes con países socios, el gobierno mantiene buenas relaciones con los países que realizaron inversiones mineras. En pocos días, la presidenta recibirá a una misión de 100 empresarios chinos que se manifestaron muy interesados en desarrollar megaproyectos de minería para extraer oro, cobre, litio y otros metales en el país. Se trata de una actividad "antipática" ante los ojos de la opinión pública como la minería a cielo abierto, sospechosa crónica de contaminar el medioambiente.

Desde fuera puede ser difícil de entender, pero visto desde dentro, todas las actitudes recientes guardan cierta coherencia: se trata, invariablemente, de políticas destinadas a reprimir al máximo la salida de dólares y de maximizar su ingreso. 

Proteger cada dólar. Acaba de conocerse la cifra oficial de fuga de capitales durante 2011, que casi equipara al récord de 2008 y totalizó US$ 21.500 millones, lo que duplica el saldo de la balanza comercial y equivale a 44% de las reservas del Banco Central.

La magnitud de la fuga habría sido mayor aun si no fuera por las restricciones a la compra de dólares y la obligación impuesta a las empresas de liquidar las divisas dentro del país. Los números son bien elocuentes: de una salida de capitales de US$ 3.000 millones registrada en octubre -antes de las restricciones- se pasó a una salida de 450 millones en noviembre e incluso se llegó a un ingreso neto de capitales por US$ 160 millones en diciembre.

La conclusión, para el gobierno argentino, es inequívoca: la estrategia de intervenir en los mercados y "apretar" a los agentes económicos, es eficaz para corregir los desvíos. Como también considera que es eficaz la amenaza a las empresas de servicios públicos para que incrementen su producción -aun cuando el precio que se paga a los productores locales por el gas natural sea ocho veces inferior que el que se desembolsa por el gas importado desde Bolivia-.

En la misma lógica se inscriben las medidas de desincentivo a invertir fuera del país -como las colocaciones bancarias o los proyectos inmobiliarios en Uruguay, sin ir más lejos-. Y, naturalmente, apuesta todas sus fichas en este momento en frenar la salida de dólares por la vía de trabar importaciones, aun cuando se llegue al extremo de que hayan empezado a faltar medicamentos contra el cáncer y el sida en las farmacias argentinas.

Cada medida implica un enfrentamiento con algún nuevo sector de la sociedad. A los conflictos con los productores agropecuarios, con las empresas privatizadas, con los bancos y las casas de cambio, ahora se agregan nuevas categorías, en un espectro amplio que va desde el lobby exportador estadounidense hasta los militantes ambientalistas que protestan contra la minería.

El largo y tortuoso camino para la importación. Los instructivos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a los importadores, es ilustrativa sobre el grado de voluntarismo que alienta a la política económica argentina. No solo se les exige a los 20.000 importadores que expliciten con detalle su estructura de costos y su política de precios en decenas de archivos Excel, sino que se le pide que justifiquen por qué no exportan más.

Todas las empresas deben elevar una nota al funcionario, firmada por el presidente o gerente general, en la cual se explicite las previsiones de exportaciones para el año.

“En caso de que la empresa no exporte, deberá indicar en la misma nota toda explicación que permita al mencionado funcionario entender los motivos por los que la empresa no exporta”, dice el instructivo del Ministerio de Economía a los importadores, ya superados en su capacidad de espanto.