El juicio por corrupción al vicepresidente, Amado Bodou, se hará en el marco de enriquecimiento ilícito.

Los argentinos despertaron este viernes con dos noticias que hacen a las causas que tienen como principal sujeto al vicepresidente Amado Boudou.

Una es que el juez federal Ariel Lijo decidió unificar los dos grandes asuntos, con lo cual la de presunta corrupción por la intervención en el rescate de la imprenta ex Ciccone fue anexada a la de aparente enriquecimiento ilícito, presentada el martes.

La otra es que, con el traspaso, el fiscal de la primera causa, Carlos Rívolo, se quedó sin campo de acción, porque dejó de existir el caso para el que venía juntando con agilidad pruebas que comprometían a Boudou. En tres meses el fiscal recolectó un documento donde el entonces ministro de Economía pedía a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le diera una moratoria a la imprenta Ciccone, a punto de cerrar.

El vicepresidente ha reconocido su intervención en la causa y la justificó en su preocupación por evitar más pérdidas de puestos de trabajos, pero la oposición no considera suficiente esta explicación y presume que quiso beneficiar a sus amigos.

En este punto es que entra en el juego el abogado Alejandro Vandenbroele, directivo de Ciccone a quien Boudou dice no conocer. Otra de las pruebas contundentes halladas por el removido fiscal evidencian que el abogado pagó los gastos comunes y el servicio de TV cable de un apartamento que está a nombre del segundo de Cristina Fernández.

El patrimonio del vicepresidente creció cerca de 70% en dos años, según la denuncia presentada por un periodista y acogida por la Justicia.

Según informó ayer Clarín, la defensa del vicepresidente ya había pedido el apartamiento del fiscal, al que acusaron por pérdida de parcialidad y de haber filtrado información a la prensa. Al anunciar su decisión de unir las causas el juez no se refirió a este puntual, pero es un hecho que el pedido se consumó.

La resolución del juez de unificar las causas es legal y viable. Pero genera sospechas cuando se trata de un caso que ya desplazó al jefe de los fiscales Esteban Righi y al magistrado que antes llevaba la causa, Daniel Rafecas. El primero fue despedido porque la Sala I de la Cámara Federal consideró que había perdido la imparcialidad. El otro renunció después de que el acusado lo acusara por intentar ejercer tráfico de influencias a través del estudio de abogados de su familia.

Pruebas. De todas maneras, el magistrado decidió mantener las pruebas que ya están en el expediente, por lo cual no se perderá la información que acusa al vicemandatario. También dio curso a lo que se solicitó en la denuncia por enriquecimiento ilícito.

Según esa nueva denuncia, el patrimonio de Boudou aumentó de US$20.171 en 2009 a US$ 333.188 en 2010, casi 70% más. En una declaración jurada aseguró que su principal ingreso fue por su sueldo de ministro de Economía, que en poco más de dos años le permitió recaudar US$68.200.

Según redactó ayer Christian Sanz, periodista del diario Tribuna que presentó la demanda por el sospechoso aumento de patrimonio, “hay quienes aseguran que una irregular compra-venta de acciones en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ayudó a que Boudou pegara parte de su salto” de 70% en dos años.

Pero a renglón seguido escribió que “en realidad, el entramado es más complicado: las sospechas hoy están enfocadas en el eventual lavado de dinero que este habría efectuado de millonarios hechos de corrupción. Las operaciones cruzadas que han llevado adelante las sociedades que integran sus ‘amigos’ —y las que él mismo ostenta— ayudarían a entender parte de la trama”.

Entre las pistas que también colaborarían a desentrañar la madeja figuran las declaraciones juradas a la AFIP, así como los registros del Inmueble, del Automotor, de Buques y de Aeronaves. También se analizarán los antecedentes de las empresas que tienen alguna vinculación con la causa, que son 12.

Los registros de todas las cuentas bancarias de los imputados en el Banco Central igualmente serán recolectados, así como el detalle del sueldo de Boudou en su empleo anterior en la ANSES.

La lectura que hacen los medios de prensa argentinos sobre la situación es que, aunque la búsqueda de pistas se mantenga, es evidente que no se sostendrá el ritmo con el que venía trabajando el fiscal Rívolo.

Es así que Clarín asegura que la recolección de pruebas “tardará meses en concretarse”, mientras que desde La Nación el periodista que sigue la trama, Hugo Alconada Mon, escribió en su blog que al caso “lo liquidaron”. “Yastá. C’est mort. Esa es mi sensación”, redactó.

Macri también enfrenta un juicio. El mismo día en que cobró una nueva dimensión la querella contra Amado Boudou saltó otro caso judicial en Argentina, esta vez contra el jefe de gobierno porteño y líder opositor Mauricio Macri.

El juez Norberto Oyarbide desempolvó una causa de junio de 2010 y abrió el camino a un juicio no solo contra Macri sino también contra el ex jefe de la Policía Metropolitana, un espía, y el ex ministro de Educación de Buenos Aires por haber montado una red de espionaje ilegal. Macri acusó al juez de trabajar para el gobierno, y este le dijo que había hecho “una mala interpretación”.

La segunda de Macri, María Eugenia Vidal, dijo ayer a la prensa que el jefe de gobierno “no teme” ser sometido a un juicio oral por las denuncias y que confía en que, de ser así y con un tribunal ecuánime “diferente” a Oyarbide, se demostrará que “no tiene nada que ver”.