La gobernadora Jan Brewer afirmó que "nosotros no comenzamos esta batalla. Pero, ahora que estamos en ella, Arizona no descansará hasta que nuestra frontera sea segura y se apliquen leyes federales sobre inmigración".

Phoenix. Arizona presentó este jueves una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos, alegando que no ha logrado brindar seguridad a lo largo de la porosa frontera que el estado tiene con México.

La contrademanda, presentada en una corte federal en Phoenix, es una respuesta a un recurso legal que presentó el gobierno el año pasado para bloquear partes claves de la dura ley de Arizona para perseguir a los inmigrantes ilegales.

El estado del desierto tiene varios corredores para el tráfico de personas y drogas desde México, y es la principal entrada para los inmigrantes ilegales que viajan a Estados Unidos.

"Debido a que el gobierno federal no ha logrado proteger a los ciudadanos (...) de Arizona, no me queda otra opción", dijo la gobernadora Jan Brewer en una conferencia de prensa en el centro de Phoenix, mientras varios manifestantes intentaban silenciarla a gritos.

"Nosotros no comenzamos esta batalla. Pero, ahora que estamos en ella, Arizona no descansará hasta que nuestra frontera sea segura y se apliquen leyes federales sobre inmigración", agregó.

En Washington, un portavoz del departamento de Seguridad Nacional desestimó la demanda, calificándola como "un reclamo falto de mérito" que "no hace nada por asegurar la frontera".

"Estrategias inteligentes, agentes de la ley dedicados, y sociedades estratégicas con los gobiernos estatales y locales lo hacen", dijo el portavoz Matt Chandler.

La demanda detalla cinco cargos, incluidos alegatos de que el gobierno no ha logrado conseguir el "control operacional" de la frontera, aplicar leyes de inmigración y proteger a Arizona de los "daños asociados con la inmigración ilegal desenfrenada".

En Washington, un portavoz del departamento de Justicia rehusó realizar comentarios sobre la demanda de Arizona.

Brewer hizo ley la polémica medida contra los inmigrantes ilegales en abril pasado, provocando protestas en Arizona y otros lugares del país.

Lo central de la ley estatal es que exige a la policía que determine la situación inmigratoria de una persona a la que haya detenido o sea sospechosa de estar en el país de manera ilegal.

Pero antes de que pudiese entrar en vigor en julio pasado, la jueza de distrito Susan Bolton bloqueó partes claves de la ley estatal, afirmando que los temas de inmigración son responsabilidad del gobierno federal.

En noviembre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Noveno Circuito escuchó los argumentos del caso. Aún no emite un fallo.

Brewer dijo que el estado seguirá con su demanda hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.