A petición del poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le devolvió sus facultades al Parlamento.

Este sábado (1.4.2017), el Tribunal Supremo de Venezuela anunció que renunciaba a asumir las funciones de la Asamblea Nacional. El pronunciamiento de esa corte tiene lugar horas después de que el presidente Nicolás Maduro –acusado de autogolpe dentro y fuera del país– le pidiera revisar las sentencias que le transferían a los jueces del TSJ las facultades de los parlamentarios, dejando en evidencia la falta de separación de poderes en esa nación caribeña. La oposición antichavista viene denunciando desde hace años que el tribunal venezolano de mayor rango actúa como un apéndice del Ejecutivo.

Maduro se reunió con el Consejo de Defensa Nacional, un órgano consultor en materia de defensa integral, y exhortó al TSJ a revisar las sentencias 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes. Emitidas el 28 y el 29 de marzo, respectivamente, los fallos 155 y 156 levantaban parcialmente la inmunidad parlamentaria de los diputados y anulaban de facto a la Asamblea Nacional al despojar a sus miembros de todas sus prerrogativas. Este 1 de abril, tras el llamado del mandatario, la corte publicó las sentencias 157 y 158, que derogan algunos aspectos de los dos dictámenes previos.

Las sentencias emitidas esta semana mantienen que el Ejecutivo seguirá teniendo la facultad de crear empresas mixtas sin autorización del Parlamento en el marco del Estado de excepción que rige en Venezuela desde el año pasado.

Maduro convocó al Consejo de Defensa Nacional en la noche del viernes (31.3.2017), después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declarara que las sentencias en cuestión provocaban "una ruptura del hilo constitucional”. Sus palabras llamaron la atención porque, con frecuencia, las propias decisiones del Ministerio Público han dejado en entredicho su independencia del Ejecutivo.