La institución niega que se esté pidiendo una intervención extranjera, como clama el Gobierno, sino una restitución de la democracia.

"Celebramos que todos los países de la región acompañen y respalden a Venezuela en su solicitud de libertad. El Gobierno afirma que la preocupación regional por Venezuela implica una intervención y que se está vendiendo la patria. Nuestra lucha no es por una intervención, es por cambiar a un Gobierno que sí se arrodilló ante otros", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges durante el debate. La mayoría opositora en la Cámara aprobó este martes (21.03.2017) un acuerdo en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana en el país, un pronunciamiento que el Gobierno denuncia como un llamado a la intervención extranjera.

La cámara debatió el tema después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunciara que en Venezuela se violan todos los artículos de la Carta y calificara al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de dictadura. Almagro planteó la separación de Venezuela de la OEA en caso de que en los próximos meses no se realicen elecciones que reafirmen la vocación democrática. Borges añadió que la aplicación de la Carta es para proteger a un país que solo pide la realización de elecciones para salir de la crisis.

El jefe de la Comisión de Política Exteriores, Luis Florido, defendió la aplicación de la Carta en el país por la alteración del orden constitucional. "El artículo 23 de la Constitución establece que los acuerdos suscritos prevalecen sobre esta. En materia de derechos humanos la carta protege a los ciudadanos y a la democracia venezolana", alegó. Agregó que los elementos esenciales de la democracia han sido violados en Venezuela, incluyendo los derechos humanos, la convocatoria de elecciones y el respeto al poder Legislativo.

El llamado "Acuerdo en apoyo a la aplicación del artículo 20 de la CDI como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela" contó con el voto unánime de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, mientras que el oficialismo no se presentó al debate. Entre las consideraciones del acuerdo, se indica que el Gobierno de Nicolás Maduro ha "secuestrado" la democracia en complicidad con "las instituciones que les están subordinadas" y se pide "una contribución más firme de la comunidad internacional para evitar que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, se haga irreversible y se instale sin remedio una dictadura que cause mayores daños al pueblo venezolano".

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral anunció que finalizará en junio el proceso de renovación de los partidos políticos, lo que implica descartar la celebración de elecciones en el primer semestre de este año. La rectora del organismo, Socorro Hernández informó que será hasta esas fechas no se presentará el informe técnico tras las fases de recolección de firmas de militantes, verificación e impugnaciones. Ya la oposición había protestado por el proceso de legalización partidista, alegando que buscaba alargar el tiempo de convocatoria a elecciones de gobernadores, las cuales debieron efectuarse en diciembre y fueron pospuestas, en principio, para junio próximo.