El sistema de seguridad pública en Iguala se encontraba en crisis desde 2009, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la puso de manifiesto. Una corporación de 300 elementos era controlada por delincuentes.

Junto con el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, la Policía Preventiva Municipal de Iguala es la principal acusada de colaborar con grupos criminales en el ataque y desaparición de normalistas en Ayotzinapa.

Dentro de la pesquisa sobre estos hechos, la principal línea de investigación liga al cuerpo policiaco municipal a una red de colusión con el cartel llamado Guerreros Unidos, al cual, según testimonios de algunos detenidos y citados por la Procuraduría General de la República, el propio Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos mensuales (US$147 mil a US$220 mil), a fin de mantener bajo control esa localidad.

Guerreros Unidos destinaba 600 mil pesos mensuales (US$44 mil) al control de la policía municipal igualteca, afirmó en una conferencia el procurador general, Jesús Murillo Karam: la organización criminal, dijo el funcionario, decidía cuánto se pagaba a los elementos policiacos, y también definía quién ingresaba a la policía municipal.

“Municipio seguro”. Especialistas ubican en 2009 el inicio del colapso del sistema policiaco de Iguala a manos del crimen organizado. Primero fueron Los Rojos, escisión del Cartel Beltran Leyva, quienes tomaron el control de la "plaza". Posteriormente, Guerreros Unidos se asentó allí, gracias a sus nexos con la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda.

El municipio de Iguala, decía Abarca en septiembre de 2013 en su primer y único informe de gobierno, “está considerado entre los más seguros y menos conflictivos, gracias al trabajo de la policía”.

La realidad salió a flote el pasado 26 y 27 de septiembre, cuando algunos testigos afirmaron que la policía municipal participó en el ataque y posterior desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan.

En los hechos, estas versiones significan que Guerreros Unidos, además de sus propias fuerzas de choque, tenía a sus servicios un cuerpo policiaco que consta de casi 300 elementos, equipado con 574 armas de fuego, 12 patrullas, y 18 motopatrullas. Además, cuenta con 321 chalecos antibalas y 118 radios portátiles.

Colapso general de seguridad. En el caso de Iguala no solo colapsó en sus funciones la policía municipal, sino también el sistema de seguridad pública estatal en su conjunto. La policía igualteca estaba originalmente contemplada para incorporarse junto con las de otros cinco municipios de Guerrero al esquema de mando único, según el cual todas debían ser coordinadas de manera central desde la capital del estado. El convenio correspondiente fue firmado el 7 de mayo pasado por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Pero en los hechos, la transición, programada para entrar en funciones en octubre, no se produjo.

Además, los mecanismos de control de confianza fracasaron. Según informó Abarca, 210 elementos de la policía municipal de Iguala acudieron a Chilpancingo para ser evaluados. Solo seis fueron rechazados, de acuerdo con la auscultación realizada. Es decir, el sistema de control fracasó, al no detectar las anomalías que posteriormente se hicieron evidentes tras los sucesos del 26 y 27 de septiembre.

Medios mexicanos reportan que 22 policías municipales de Iguala fueron detenidos bajo la acusación de haber entregado a los estudiantes de Ayotzinapa a Guerreros Unidos. Otros 300 policías fueron trasladados al Centro de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Tlaxcala, donde son sometidos a nuevas pruebas de control de confianza. La seguridad de Iguala está adesde entonces a cargo de la Policía Federal y el ejército mexicano.