El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, ha impuesto US$3 millones en multas a las compañías que habrían cometido violaciones al no despedir a trabajadores indocumentados.

Chicago. Washington está asumiendo un nuevo enfoque en su esfuerzo por fiscalizar el trabajo de los inmigrantes ilegales, mediante auditorías a los registros de empleo de compañías sospechosas de contratar indocumentados en lugar de realizar redadas, dijo el sábado el New York Times.

El Times reportó que el gobierno del presidente Barack Obama ha realizado este tipo de auditorías en más de 2.900 firmas hasta la fecha, cantidad que eclipsa el número de compañías afectadas por redadas en fábricas y granjas durante los ocho años en la Casa Blanca del predecesor de Obama, George W. Bush.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha impuesto US$3 millones en multas a las compañías que habrían cometido violaciones.

El diario señaló que el gobierno obliga a las empresas a despedir a cada supuesto inmigrante ilegal en sus nóminas -no sólo aquellos que estaban trabajando durante las auditorías- y hace más difícil que las compañías contraten otros trabajadores no autorizados para reemplazarlos.

Pero el diario indicó que la mayoría de los trabajadores descubiertos no fueron deportados tras perder sus trabajos y que el gobierno se ha alejado de la práctica de presentar acusaciones criminales contra los inmigrantes que carecen de estatus legal, pero por lo demás tienen un historial limpio.

El jefe del ICE, John Morton, declaró al Times que el propósito de las auditorías es crear "una cultura de conformidad" donde los empleadores verifiquen rutinariamente el estatus inmigratorio de sus empleados.

Sostuvo que el ICE está principalmente interesado en hallar "empleadores que cometen faltas flagrantes".

Al acercarse las elecciones legislativas de noviembre, la inmigración ilegal se ha vuelto una preocupación cada vez mayor. Los hispánicos tradicionalmente votan por los demócratas, pero el Partido Republicano está buscando sumarlos a sus filas.

El Departamento de Justicia presentó esta semana una demanda contra Arizona por una nueva ley del estado que obliga a la policía a investigar el estatus inmigratorio de los sospechosos de ser inmigrantes ilegales.