Entre enero y agosto de 2019, la policía de Río mató a 1.249 personas, según cifras oficiales, casi un quinto más que hace un año. La tasa asciende a cinco personas por día, el dato más alto en el periodo desde que el estado comenzó a mantener su base de datos actual en 2003.
Sao Gonçalo. Justo antes de dejar su trabajo docente en la tarde del 17 de mayo, Alessandra Mattos recibió un mensaje de voz en pánico.
"¡Alessandra!", dijo un pariente. "Ha habido un accidente con Brayan".
Agarró sus cosas, paró un mototaxi y se dirigió a toda prisa hacia un barrio pobre del suburbio de Sao Gonçalo, en Río de Janeiro. Allí, muerto en un charco de sangre, yacía Brayan Mattos dos Santos, el sobrino de 19 años que ayudó a criar.
Trató de acercarse, pero un policía bloqueó su avance. "No fui yo", asegura Mattos que le dijo el agente. "No fui yo".
Según supo pronto Mattos, el "accidente" fue el tipo de destino que temen las familias de hombres jóvenes de piel oscura en el país más poblado de Sudamérica.
Los jóvenes negros y de raza mestiza como Dos Santos tienen una representación desproporcionada entre las víctimas de homicidio en Brasil, el país con el mayor número de asesinatos en el mundo. Ahora, en medio de una ofensiva contra presuntos delincuentes defendida por el presidente Jair Bolsonaro, están muriendo cada vez más a manos de la policía.
No se hallaron armas, narcóticos ni ningún otro material ilegal en posesión de Dos Santos, un entusiasta de los autos y las motos que recientemente había comenzado a manejar para Uber. Por el contrario, parece haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, cerca de un puesto callejero de venta de drogas justo cuando se produjo una redada policial.
Su muerte, ocurrida en un estado donde las muertes a manos de la policía han aumentado un 16% este año, según cifras del gobierno, está siendo investigada por los fiscales de Río.
La redada es una de las muchas operaciones letales que los activistas de derechos humanos, algunos residentes de Río y los legisladores de la oposición ven como parte de una campaña sangrienta e ilegal para limpiar barrios históricamente violentos en el país más grande de América Latina.
Envalentonados por las victorias del año pasado de políticos de extrema derecha con agendas agresivas de orden público, las fuerzas policiales brasileñas están superando su propia reputación de ser unas de las más violentas del mundo.
Entre los muertos hay víctimas como Dos Santos, sin vínculos criminales conocidos. A fines de septiembre, cientos de personas se reunieron en el norte de Río para llorar la muerte de una niña de ocho años que recibió un disparo, según los transeúntes, de un policía que falló cuando apuntaba a un motociclista. Su muerte, uno de varios niños presuntamente baleados por la policía este año, aún se está investigando.
Dos altos mandos de las fuerzas militares y policiales civiles de Río, responsables conjuntos de la seguridad en el estado, dijeron a Reuters que la policía no ha recibido ni emitido nunca órdenes de matar. Lo que ocurre, más bien, es que los agentes se topan con enfrentamientos más violentos por el aumento de casi un 50% en el número de operaciones, una respuesta al alza del crimen.
"Un oficial nunca tiene el objetivo de matar", dijo Fabio Barucke, jefe operativo de la policía civil. "Pero tenemos la responsabilidad de defendernos".
Río, un estado de 17 millones de personas que incluye la metrópoli costera del mismo nombre, es conocido desde hace mucho tiempo como un foco de conflicto entre bandas criminales y, a veces, policías de gatillo fácil. Ahora que Bolsonaro y un gobernador de ideas afines instan a los legisladores a ponerse aún más duros, las tensiones, la violencia y el número de muertos están al alza.
Bolsonaro busca aumentar las protecciones legales para los policías que matan en acto de servicio, proponiendo una ley que reduzca las penas para los agentes que disparan por "miedo excusable, sorpresa o emoción violenta". Según sus propias palabras, los delincuentes deberían "morir como cucarachas".
El gobernador Wilson Witzel ordenó a los francotiradores disparar a los sospechosos desde helicópteros. Recientemente dijo a periodistas extranjeros que, cuando se enfrentan a la policía, los sospechosos deberían "rendirse o morir".
Para algunos en la oposición política, la retórica de los nuevos líderes de Brasil recuerda a Rodrigo Duterte, el presidente filipino cuya ofensiva contra los narcotraficantes ha provocado miles de asesinatos por parte de la policía.
"La policía se siente autorizada para matar", dijo Marcelo Freixo, un congresista de Río e investigador veterano sobre violencia y crimen organizado. "El discurso estimula la violencia".
Reuters no encontró pruebas de que Bolsonaro, Witzel u otros líderes de derecha elegidos el año pasado en una ola de protestas populistas hayan ordenado a la policía que incumpla la ley o mate metódicamente a sospechosos criminales. El ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, dijo a Reuters que la administración no aboga por la violencia policial.
"Las confrontaciones entre la policía y los delincuentes siempre son indeseables", dijo en una entrevista en Brasilia, la capital. "No se resuelve la seguridad pública con confrontaciones, sino con inteligencia, estrategia, debido proceso y presencia estatal".
Entre enero y agosto de 2019, la policía de Río mató a 1.249 personas, según cifras oficiales, casi un quinto más que hace un año. La tasa asciende a cinco personas por día, el dato más alto en el periodo desde que el estado comenzó a mantener su base de datos actual en 2003. En contraste, 14 oficiales de policía han muerto en operaciones este año frente a los 24 muertos en servicio entre enero y agosto de 2018.
Las últimas cifras a nivel nacional no están disponibles, pero las muertes por parte de la policía también han aumentado en Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, y en otras áreas urbanas importantes.
Al igual que Dos Santos, la mayoría de las víctimas de asesinatos policiales son de piel oscura, un reflejo de la composición socioeconómica y racial de los barrios pobres donde operan la mayoría de narcotraficantes y otras bandas criminales. Aunque los blancos ascienden a la mitad de la población en Río, representaron el 12% de los asesinados a manos de la policía a principios de este año, según datos del gobierno obtenidos por Reuters a través de una solicitud de libertad de información.
Es imposible calcular cuántas víctimas se cree que fueron transeúntes inocentes. No obstante, los activistas de derechos humanos dicen pensar que el aumento en los decesos indica que algunos policías salen para matar, independientemente de las pruebas o el riesgo de daños colaterales.
"Estos números no son los de unos pocos asesinatos", dijo Freixo. "Son números de ejecución, de exterminio".
Oficialmente, muchas de las muertes en operaciones policiales se atribuyen a la "resistencia" de los sospechosos. La policía, desconfiada de las pandillas fuertemente armadas, argumentan que no tienen más remedio que disparar en defensa propia, sobre todo en barrios laberínticos donde las pandillas pueden emboscarlos fácilmente.
Pero los activistas locales e internacionales llevan décadas denunciando el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones directas por parte de la policía.
El problema es anterior a Bolsonaro.
Después de una visita a Brasil en 2003, una relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas escribió que estaba "abrumada por la información sobre violaciones de derechos humanos". Criticó al gobierno de Brasil, especialmente a algunas administraciones estatales, porque "no aceptan plenamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales y sumarias".
A inicios de septiembre, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó a Brasil por su "discurso que legitima las ejecuciones sumarias". En respuesta, Bolsonaro criticó a Bachelet por seguir la agenda "de criminales" y "atacar a nuestra valiente policía".
Dos Santos murió a manos del 7º Batallón de la Policía Militar de Río, el más letal del estado. La unidad, uno de los 39 batallones en Río, ha matado a 1.055 personas desde 2003. Hasta agosto habían perecido 137 civiles este año en operaciones que involucran al Séptimo, 35 más que cualquier otro batallón en el estado.
El Séptimo opera "en una geografía muy compleja", dijo Rogerio Figueredo, comandante de la fuerza de policía militar de Río. "Hay varias comunidades con muchas facciones criminales que disputan el territorio".
Según un informe policial al que tuvo acceso Reuters, la muerte de Dos Santos pudo haber sido accidental. De acuerdo al documento, los agentes respondieron después de que los sospechosos les dispararon. Dos Santos murió por la "intervención de un agente estatal".
Para entender su muerte y el reciente alza en el número de cadáveres, Reuters habló con funcionarios policiales y gubernamentales, expertos en seguridad, investigadores de derechos humanos y amigos y familiares de Dos Santos. La imagen que emerge, incluidos detalles exclusivos sobre la incursión de mayo en Sao Gonçalo, es la de un conflicto arraigado que empeora en medio de la agenda de orden público del nuevo liderazgo populista.
"Lo que queremos escuchar". La estructura misma de las fuerzas policiales brasileñas ha sido durante mucho tiempo controvertida.
Tras una dictadura militar de dos décadas que terminó en los años 80, una nueva constitución otorgó la responsabilidad de la mayoría de las fuerzas del orden a cada uno de los 26 estados de Brasil. En lugar de reinventar sus fuerzas, los estados mantuvieron un formato militar para la policía encargada de la aplicación de la ley todos los días.
Una fuerza de "policía civil" se hizo responsable de las investigaciones y de trabajar con los fiscales. Pero las patrullas con las que se sigue enfrentando la mayoría de los brasileños todavía opera dentro de una estructura militarista altamente reglamentada.
Como resultado, todo, desde la arquitectura tipo fortaleza de las comisarías hasta el lenguaje utilizado por los agentes, refleja aún una mentalidad de cuartel. La formación suele ser planteada a menudo en términos de "nosotros" contra "ellos". Los delincuentes son "el enemigo".
"El molde es el de los militares", dijo Fernando Salema, excomandante del Séptimo batallón que ahora es legislador del partido de Bolsonaro en la asamblea estatal de Río. "Heredamos esa cultura".
Y esa cultura cobra a menudo un gran relieve en Río.
Los enfrentamientos forman parte del paisaje tanto como sus verdes laderas y la dramática yuxtaposición de ricos y pobres. Los tiroteos y el zumbido de los helicópteros policiales son una realidad cotidiana para muchos en un estado donde la planificación fortuita llevó a que las favelas y los barrios ricos coexistieran en una densa maraña urbana.
Sao Gonçalo, un suburbio en la bahía que siluetea la costa de Río, se convirtió en las últimas décadas en una de las áreas más violentas del estado. Otrora un centro industrial, se ha convertido cada vez más en una base para las bandas criminales que trafican drogas y armas a través de la bahía y roban cargas en la autopista aledaña.
También es una de las muchas áreas alrededor de Río donde las llamadas "milicias", grupos criminales violentos formados por policías retirados y fuera de servicio, controlan las tramas de extorsión y otras actividades ilícitas.
En 2011, Patricia Acioli, una juez estatal que encarceló a decenas de policías corruptos de Sao Gonçalo, recibió 21 disparos fuera de su casa. Once oficiales del Séptimo, incluido su jefe, fueron condenados por planear y ejecutar el asesinato.
"Sao Gonçalo es una favela gigante", dijo otro comandante reciente de la Séptima. El oficial, que ahora dirige otro batallón y habló a condición de permanecer en el anonimato, dijo que el crimen es tan común que se infiltra en la fuerza. "Tiene una población corrupta y los oficiales vienen de lo mismo".
Más temprano en esta década, mientras Río se preparaba para organizar el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, los locales de Sao Gonçalo se quejaron por la llegada de más delincuentes debido a una limpieza policial cerca de playas, hoteles e instalaciones deportivas.
Cuando una profunda recesión echó raíces poco después, el crimen empeoró en todo Brasil. En 2017 se registró un récord de 64.000 asesinatos a nivel nacional, más que en cualquier otro país.
Exasperados ya por la recesión y un amplio escándalo de corrupción, los votantes se movieron bruscamente a la derecha, eligiendo a Bolsonaro y otros conservadores populistas el año pasado. Bolsonaro era más conocido por sus comentarios incendiarios, incluido uno realizado el 2015 en el que dijo que la policía "debería matar más".
Witzel, un exjuez, no era muy conocido por la mayoría del electorado de Río hasta que superó también a curtidos rivales con sus promesas de enfrentarse al crimen.
Después de asumir el cargo en enero, los dos políticos se embarcaron en un mandato de "ley y orden". Witzel viajó en un helicóptero junto a policías armados con rifles y publicó el video en internet, prometiendo "devolver la paz". En un artículo de opinión en un periódico local, dijo que el aumento de los asesinatos policiales "no es difícil de justificar".
Algunos policías dicen que se sintieron vigorizados. "Es lo que queremos escuchar", dijo a Reuters Salema, el excomandante reconvertido en asambleísta.
"No hay otra opción". Según Salema, la policía empezó a combatir este año una guerra interna dentro de la rama local del Comando Vermelho, o CV, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de Brasil. Después de que un jefe de CV matara en abril a un rival, los combates entre facciones se extendieron a las calles. Los tiroteos estallaron en Sao Gonçalo, donde cerraron escuelas, hospitales y rutas de autobuses.
La violencia se extendió pronto a otras partes de Río, lo que llevó a la policía a organizar operaciones para localizar a los responsables. En Mare, un barrio marginal cerca del aeropuerto internacional, un helicóptero policial realizó un sobrevuelo el 6 de mayo y comenzó a disparar, según los residentes locales.
Al final de la operación, la policía había matado a ocho sospechosos, incluidos cuatro que habían sido rodeados en una casa. Un residente de la vivienda dijo a los fiscales estatales que se escondió en otra habitación y escuchó la confrontación. Un fiscal, que habló a condición de mantener su anonimato, dio a Reuters detalles de su recuento.
Cuando la policía entró, el residente dijo a los fiscales que dos de los hombres se rindieron. Pero los oficiales rechazaron su entrega, según el residente, y les dijeron "nuestra orden es matar".
La policía disparó luego a los dos hombres y, tras hallar a otros dos sospechosos en el techo, también les abatió. Antes de que pudiera llegar un equipo forense, el residente dijo a los fiscales que la policía arrastró los cuatro cuerpos afuera.
Según el fiscal, los agentes dijeron a los investigadores que solo dispararon tras haber sido atacados. La fuerza de policía civil de Río, que ordenó y dirigió la operación, dijo que todavía está llevando a cabo su propia investigación y que no puede comentar detalles específicos de la redada.
Once días después, en Sao Gonçalo, integrantes del Séptimo batallón llevaron a cabo la operación en la que falleció Dos Santos. Como parte de sus esfuerzos por frenar la actividad de las bandas, la policía se fijó como objetivo un punto de venta de drogas en la barriada pobre de Chumbada.
Alrededor de las 16.40 -según el informe policial revisado por Reuters- al menos cuatro oficiales se acercaron al puesto de venta de drogas y se dividieron en dos equipos. Un equipo, compuesto por el capitán Renato de Souza y el sargento Andre Ricardo Mendes, se encaminó hacia el puesto. El segundo, formado por los cabos Erik Ribeiro y Alex Dias, tomó otra dirección.
Reuters no pudo confirmar los detalles del informe policial de forma independiente. Autoridades policiales rechazaron una solicitud para hablar con los oficiales.
Cuando comenzó la operación, Dos Santos había ido a una tienda en Chumbada a comprar ropa para una fiesta esa noche, según Mattos, su tía. Ella mostró a Reuters un recibo de la tarjeta de crédito por la compra, de 217,79 reales o unos US$53, que según dijo provenía del teléfono de Dos Santos.
"Es caro aquí", dijo Dos Santos en un mensaje de texto enviado a un amigo y al que tuvo acceso Reuters, unos 10 minutos antes de la redada.
Según las declaraciones que dieron los oficiales a los investigadores de la policía civil, Ribeiro y Dias se estaban acercando al puesto cuando estallaron los disparos de un grupo de unas seis personas. Según el informe, no está claro quién disparó supuestamente dentro de ese grupo.
Los oficiales, que portaban rifles de alto calibre fabricados por Imbel, una firma estatal brasileña de armamento militar, dijeron que respondieron al fuego. Ribeiro disparó 23 veces; Dias, 31.
Ribeiro dijo a los investigadores que, durante el tiroteo, una persona cayó al suelo "cerca de una tienda". Otros dos huyeron en una motocicleta y varios más huyeron a pie. Otro hombre, con la camisa manchada por una herida de bala en el hombro, levantó las manos y cayó al suelo.
Ribeiro y Dias se acercaron al puesto de drogas mientras los otros dos oficiales perseguían a la moto. El herido, aún tendido y desarmado, dijo a la policía que había ido allí a comprar marihuana. Varios metros más allá, en una calle residencial, estaba tirado Dos Santos.
Renato Pérez, un jefe de la policía civil en Sao Gonçalo con conocimiento de la redada, dijo a Reuters que sospecha que Dos Santos fue allí a comprar marihuana. No presentó pruebas ni documentación para respaldar esa afirmación. Mattos, la tía, negó la afirmación y dijo que su sobrino no consumía drogas.
"Siempre tienen que inventar algo", afirmó.
Mendes y De Souza, los oficiales que persiguieron la motocicleta, alcanzaron a los dos sospechosos en una calle cercana. Según el informe policial, uno de los hombres llevaba 65,2 gramos de marihuana y una pistola de 9mm con dos balas y su número de serie raspado. El otro portaba 49,7 gramos de cocaína y un walkie-talkie.
Los dos fueron detenidos y acusados de resistirse el arresto y por posesión de narcóticos. Ahora están a la espera de juicio, según la defensoría pública de Río y documentos de cortes estatales. No hubo otras detenciones ni se hallaron armas.
Danielle Costa, la investigadora de la policía civil que escribió el informe, concluyó que los agentes actuaron de forma legítima. "No tenían otra opción" -según escribió- que "usar sus armas de fuego, en legítima defensa y para vencer la resistencia de los delincuentes".
La policía civil rechazó que Costa pudiera someterse a una entrevista. Los fiscales estatales están investigando la operación.
