El titular de la Procuraduría General de la República explicó que sí existen imputaciones directas en contra de Mamá Rosa, pero se determinó la inimputabilidad con base en un estudio médico, patológico y psicológico.

María del Carmen Verduzco Verduzco nunca supo de los abusos sexuales en contra de los habitantes del albergue La Gran Familia, aunque sí es culpable de propinar golpizas y maltratos; sin embargo, por su edad avanzada y mal estado de salud física y mental, no se ejerció acción penal en su contra, afirmó el procurador Jesús Murillo Karam.

En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República explicó que sí existen imputaciones directas en contra de Mamá Rosa, pero se determinó la inimputabilidad con base en un estudio médico, patológico y psicológico, el cual arrojó que padece de trastorno de senilidad, por lo que no se le puede fincar responsabilidad penal.

Cuestionado sobre las responsabilidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno, Murillo Karam afirmó que “todos somos culpables”, y la investigación apenas empieza.

“Si hay que sumar culpables a este caso, lo somos todos, debido a la gravedad de la situación en que se encontraba este lugar y a la falta de interés para reparar los daños”.

En lo referente a Mamá Rosa, dijo que se negó a declarar ante el Ministerio Público, mientras que éste determinó el no ejercicio de la acción penal por inimputabilidad en base a un peritaje médico-psicológico que concluye que las facultades cognitivas e intelectuales de la señora Verduzco Verduzco se encuentran disminuidas, ya que la condición mental y física la incapacita e imposibilita para llevar el control tanto administrativo, de trabajadores y alumnos internos de la casa.

“Ésta es la razón principal en la que en términos de la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra”, añadió.

Sobre las seis personas ingresadas al penal de Nayarit, informó que se fincó acción penal por el delito de trata de personas en diversas modalidades, delincuencia organizada, privación ilegal, explotación laboral y por abuso sexual. Asimismo, dos maestras fueron liberadas, una de ellas porque se acreditó que defendía a los menores en el albergue y la otra salió bajo reservas de ley.

El procurador dio a conocer que hasta el momento hay 150 denuncias. Y tras practicarse exámenes médicos a varios internos, cinco dieron positivo de violación. Detalló que los delitos que se investigan actualmente se cometieron desde mayo del 2013 a la fecha.

Sobre las pesquisas por recursos públicos destinados a esta casa, Murillo Karam dijo que apenas se está en esta primera parte de la investigación y posteriormente se indagará al respecto.

“Con toda honestidad por el momento no, tuvimos que conseguir en 48 horas, 450 declaraciones, buscar indicios, arreglar las condiciones del lugar. Quien donó seguramente lo hizo de buena voluntad; no tiene responsabilidad alguna. A esa etapa todavía no entramos, le explicaba todo lo que hemos tenido que hacer, primero para garantizar la estancia más adecuada de los niños y para eso teníamos que agotar declaraciones, estamos ahorita en esa etapa, no porque vayamos a investigar a quien donó, seguramente lo hizo de buena voluntad, no tiene responsabilidad alguna, sino fundamentalmente para saber cuál fue la finalidad y el destino de ese dinero”, reiteró.

Rosa del Carmen Verduzco se encuentra internada en el hospital de Puerta de Hierro, en Guadalajara, Jalisco.

No fue revelación especial: Osorio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que está en marcha una revisión general a las casas hogar, guarderías y albergues para niños en todo el país, con el fin de evitar que sean atenidos en malas condiciones como en la estancia La Gran Familia, de Michoacán.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación reconoció que existían denuncias sobre privación ilegal de la libertad en el albergue, aunque afirmó que no es a partir del cateo a esa casa hogar que dirigía Rosa del Carmen Verduzco que se realizan las revisión, sino que es un proceso anterior para constatar la seguridad y operación de los centros para menores.

“Entonces, se está haciendo una revisión, no es un caso especial. Sí había alguna denuncia; algunas denuncias al respecto, tanto en el DIF estatal como en el DIF nacional, y obviamente en la propia PGR”, reconoció.

“Así es que éste es un caso que salió a la luz pública y, por supuesto, que seguirán revisando el resto para evitar que estén en las condiciones que todos conocen, que por eso se abrieron las puertas para que se viera que es un tema del cuidado de las niñas y de los niños, no de lo particular con alguna persona”, dijo.

Osorio Chong detalló que la revisión a las estancias infantiles se realiza por parte de la Secretaría de Salud, la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y el DIF nacional y los gobiernos de los estados.

Cabe destacar que esa revisión que informó el secretario Osorio Chong fue ordenada por el gobierno federal después del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

En ese marco, Osorio Chong dijo que la revisión, en particular a las casa hogar, implica constatar “las capacidades que se tienen para que puedan verdaderamente cumplir con lo que tienen como objetivo, que es el cuidado de los menores que están en el desamparo, incluso que algunos padres de familia han llevado a estos lugares, algunos otros que incluso, gobiernos de los estados los ponen en el resguardo de estos espacios también”.