Aunque pequeños, los grupos que se manifiestan todos los días responden al llamado a defender "la cultura de la vida" hecho la semana pasada por los obispos católicos, la religión oficial y mayoritaria entre la población de la pequeña y conservadora nación.

San José. Con cánticos, rezos, ayunos y pancartas, decenas de personas se manifiestan cada día, frente a varias iglesias católicas de la capital de Costa Rica, buscando frenar un plan del Gobierno que busca habilitar el aborto terapéutico antes de que acabe el año.

Aunque pequeños, los grupos responden al llamado a defender "la cultura de la vida" hecho la semana pasada por los obispos católicos, la religión oficial y mayoritaria entre la población de la pequeña y conservadora nación.

"Lo que nos queda es rezar. Los hombres no somos quienes debemos decidir cuándo acaba la vida de una persona y el Gobierno no quiere entenderlo", dijo Alfredo Blanco, un biólogo de 67 años frente a la Catedral Metropolitana de San José. A su lado, una docena de personas rezaba.

La vigilia, que finalizará a principios de noviembre, es parte de la campaña internacional "40 días por la vida", que se inició en 2004 en Estados Unidos y se celebra cada año desde entonces en varias ciudades en busca de prescribir el aborto.

En Costa Rica, el aborto terapéutico está permitido para embarazos en los que la vida o la salud de la madre corren peligro, pero la mayoría de médicos evita aplicarlo por falta de certeza jurídica. En la práctica, es como si siguiera prohibido.

Por ello, el gobierno de Carlos Alvarado prepara desde hace más de un año una norma técnica que permitiría aplicar el aborto terapéutico en hospitales públicos y privados. El presidente ha dicho que la firmará antes de que finalice 2019.

"¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?", cuestionó la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que se ha aliado con las fuerzas políticas neopentecostales, las que, desde el Congreso, rechazan el aborto de cualquier tipo.

"Hasta el final". Organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas acusan al mandatario de no haber cumplido aún su promesa y prolongar lo que catalogan como una violación del derecho humano a la salud.

Por no haber accedido al aborto terapéutico dos mujeres acudieron en 2008 y 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado costarricense.

Una de ellas, que se identificó como Aurora, dijo a Reuters que fue obligada a continuar con su embarazo a pesar de que médicos le advirtieron que el niño nacería con malformaciones mortales, algo que finalmente sucedió.

En 2015, ambas mujeres aceptaron conciliar con el Estado, pero este no cumplió con firmar la norma técnica y en 2018 decidieron reactivar sus casos internacionales con la idea de que la Corte IDH obligue a Costa Rica a aplicarla.

"Ese llamado de los obispos era esperable. De la Iglesia católica puedo esperar incluso más cosas", dijo Aurora, quien habló bajo condición de anonimato para evitar represalias.

"Nosotros vamos a llevar el proceso hasta el final. Si no se considera la salud mental de la madre como un elemento para el aborto terapéutico, lo vamos a pelear en la Corte Interamericana", agregó.