Amnistía Internacional y Human Rights Watch coinciden en que los sucesos de hace un año en Iguala no son un caso aislado en México. Sin embargo, la tragedia de Ayotzinapa es un llamado urgente contra la impunidad.

“Los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la tarde del 27 de septiembre del año 2014, en la región de Iguala, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos –además de un cúmulo de crímenes de todo orden-, de cuantos haya memoria reciente en este país”.

Con este diagnóstico comienza el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó en julio pasado, en relación con las investigaciones sobre la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Al cumplirse un año de tales sucesos, no hay coincidencia total en cuanto a lo sucedido, y siguen surgiendo versiones y detalles diversos acerca de la tragedia que conmovió a México y que captó gran atención internacional. Esta semana, medios mexicanos atribuyeron a la Procuraduría General de la República nuevos indicios en el sentido de que los estudiantes habrían sido separados en grupos; algunos de ellos habrían sido llevados a casas de seguridad, donde posiblemente fueron torturados.

Pero ni ésta ni otras versiones, incluida la oficial, dan certeza definitiva, ni a la población ni a los familiares de las víctimas. Según una encuesta realizada recientemente por la consultoría de opinión Grupo Impacto, siete de cada diez mexicanos creen que este caso jamás se resolverá.

Crisis de derechos humanos. “El caso de Ayotzinapa no es único en un país que enfrenta una crisis de derechos humanos y en el que miles de personas están desaparecidas”, afirma desde la Ciudad de México Carlos Zazueta, de Amnistía Internacional. En entrevista con DW, el investigador para México de la organización defensora de los derechos humanos afirma que “este caso ha logrado mostrar las fallas de las investigaciones y la forma en que las autoridades desatienden sus obligaciones para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia”.

Desde Nueva York, Daniel Wilkinson coincide, haciendo énfasis en el papel que jugaron las policías municipales de Iguala y Cocula al entregar a los estudiantes a grupos criminales: “La desaparición de los 43 estudiantes ocurrida hace un año constituye la mayor atrocidad perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que hemos visto en México en muchos años”, afirma. El director para las Américas de la organización Human Rights Watch subraya a DW, al igual que Zazueta, que no se trata de un caso aislado. Menciona como ejemplo los sucesos ocurridos en Tlatlaya, “una matanza de civiles por parte de militares”, el pasado 30 de junio. Ocho elementos del ejército mexicano fueron detenidos en relación con este episodio.

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Movilización sin precedente. Sin embargo, tanto Wilkinson como Zazueta señalan que fue Ayotzinapa el caso que mayor atención acaparó. ¿Las causas? “Por una parte está el número de desaparecidos, así como el hecho de que eran estudiantes”, indica el director para las Américas de Human Rights Watch. Por otro, fue Ayotzinapa el que desveló un patrón más grande de abusos e impunidad en México, agrega.

El representante de Amnistía Internacional señala que por su trascendencia, el caso Ayotzinapa “ha logrado movilizar a muchas personas que antes no tomaban acciones de exigencia de derechos humanos”. Al mismo tiempo, puede ser una oportunidad para que “se inicie una transformación en la forma en que hasta ahora se gestionan los casos de desapariciones forzadas y de otros graves delitos”, dice Carlos Zazueta.

Huellas permanentes. Pero para ello habría que superar obstáculos, el primero de los cuales, según Daniel Wilkinson, es la propia actitud del Estado mexicano al reaccionar ante violaciones graves a los derechos humanos. “El gobierno federal se tardó diez días en hacerse cargo de las investigaciones, lo cual es inexcusable”, dice. Posteriormente, el gobierno mexicano invirtió gran cantidad de recursos e hizo promesas de que resolvería el caso, “pero al final los métodos no cambiaron”, considera el representante de HRW. “La investigación oficial ha estado plagada de problemas, y ha generado serias dudas”.

Además, agrega Carlos Zazueta, “el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad en la prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas”.Para lograrlo, “es importante que el Estado indique claramente que aceptará las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se establezca un calendario creíble y prudente para su implementación”.

En todo caso, la CNDH resume en una sola frase del citado informe la trascendencia que el caso Ayotzinapa tiene para el gobierno y para la sociedad: México, dice el organismo autónomo, “no es el mismo después de Iguala”.