La mandataria dijo en un mensaje a la nación que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos.

Santiago.  La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la noche del martes un plan de medidas de probidad y transparencia para poner freno a casos de corrupción y tráfico de influencias, que han salpicado incluso a su Gobierno.

En un intento por un marcar un punto de inflexión ante la crisis de confianza que golpea al país, la mandataria dijo en un mensaje a la nación que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos.

Con ello, "se busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", enfatizó Bachelet en una cadena voluntaria de radio y televisión.

El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo a las encuestas, por la decepción de la ciudadanía ante los escándalos políticos y financieros que han salido a la luz en los últimos meses.

"Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", dijo Bachelet.

"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito", agregó.

El Estado será el que financie el trabajo de los partidos y para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros, como reinscribir a todos sus militantes, una contabilidad transparente y fiscalizada.

La mandataria remarcó que se regulará detalladamente el financiamiento de las campañas electorales y reducirán el gasto y las zonas para hacer propagandas.

"Tenemos que cambiar las cosas de raíz", recalcó Bachelet.

Para llevar adelante las iniciativas anunciadas, se fijó un plazo de quince días para dictar medidas administrativas y para los proyectos de ley que ingresen al Congreso un período máximo de 45 días.

Retomar agenda. El brillo de los logros alcanzados en su primer año de Gobierno -reforma tributaria y educacional- fueron empañados en los últimos meses por la polémica en torno a las acusaciones de tráfico de influencias contra su hijo -tras la aprobación de un millonario crédito-, o los desvíos de dinero de empresarios a campañas de políticos de todas las tendencias.

"Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales no es progreso, sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas", dijo la mandataria.

"Es el momento de construir mejores cimientos para nuestra Patria", agregó.

En esa línea, la mandataria dijo que se dará urgencia a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.

Junto con ser una oportunidad histórica, Bachelet destacó que todas estas transformaciones del ámbito político apuntan a delinear la idea del Estado, de la democracia y de los negocios.

"Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución", dijo la mandataria.

Anunció que en septiembre iniciará un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, mediante diálogos, debates y consultas para desembocar en la creación de una nueva Carta Fundamental en reemplazo de la actual, que fue gestada bajo la dictadura de Augusto Pinochet.